Los tribunales del Archipiélago están a rebosar de trabajo. La falta de jueces es una de las principales trabas que satura el funcionamiento diario de las salas en Canarias, una comunidad que padece la tasa más alta de litigiosidad de toda España con 212,5 asuntos por cada 1.000 habitantes —52,1 por encima de la media nacional—. La situación desespera a los magistrados porque ven cómo el problema crece mientras les cuesta llegar a todo.
Las personas —a título individual— o las empresas pueden sentarse ante el juez por motivos muy variados, pero si algunas situaciones disminuyeran todo sería más fácil. Sin ir más lejos, la consejera de Justicia en el Gobierno autonómico, Nieves Lady Barreto, advirtió en 2024 que los juzgados estaban colapsados por casos de extranjería. Eso sí, es solo un ejemplo. Hay otras razones como los pleitos con fondos buitre, las aseguradoras o las cláusulas suelo.
"Un uso excesivo"
“Tenemos que ponerle el cascabel al gato”. Así de contundente se expresa Juan Avello, juez decano de Las Palmas de Gran Canaria y miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura en declaraciones a Atlántico Hoy. Aunque no existen cifras oficiales, tanto él como sus colegas de profesión han observado cómo el gran número de causas con entidades bancarias o incluso de recobro de deudas que se podrían resolver, quizás, de otra manera.
Pone sobre la mesa que hacen “un uso excesivo de la justicia y colapsan el servicio”. “Es lo que veo en el día a día”, añade. El principal inconveniente es que no se trata de un obstáculo aislado porque la tasa de resolución en los tribunales de las Islas ha ido en aumento: ha pasado del 299% en el 2022 a un 399% el año pasado. Es decir, los magistrados canarios están resolviendo una cantidad de causas mucho mayor a las que deberían.
"Un efecto llamada"
El Estado fija en 800 los asuntos que un juez debe resolver al año. Ahora bien, la cifra es poco realista en base a lo que ocurre de verdad. Al menos, en Canarias, donde en 2024 se rozaron los 1.600 —el doble—. “Psicológicamente no puedes soportar ese nivel de trabajo”, afirma Avello. Lamenta que los ciudadanos no se manifiesten por la situación que vive la justicia dado que son quienes acaban sufriendo las consecuencias del colapso.
Cuenta que la justicia “es un servicio público peculiar”. Explica que, por ejemplo, si se construyen varios hospitales llegará un momento en el que alguno se quede vacío o con menos uso. Pero, en caso de construir un juzgado, se puede producir “un efecto llamada” y el número de litigios aumenta. La razón es que puede darse la situación de que una persona que, ante la saturación, decida optar por otras vías, acuda al juzgado si sabe que está más liberado.
Pagar una tasa
Avello defiende que todo el mundo tiene derecho al acceso a la justicia, pero subraya que si alguien “la usa de más” debe colaborar desde el punto de vista económico. Se refiere sobre todo a las entidades bancarias o de recobro de deuda. Uno de los litigios que más detecta está relacionado con las cláusulas suelo, unos préstamos hipotecarios de interés variable cuyos gastos se han considerado abusivos.
Además, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) llegó a la conclusión en enero del año pasado de que la legislación española impone una prescripción de las reclamaciones contraria a derecho comunitario. El conflicto se resolvió en el año 2015, cuando el Tribunal Supremo (TS) dictaminó que los bancos debían devolver todas aquellas cantidades por encima de lo establecido a través de los tipos de interés.
Solución extrajudicial
El aval de la justicia ha dado alas a que los afectados acudan a reclamar sus intereses y derechos con la consecuencia de que los jueces canarios se vean desbordados —al sumarse con toda la demás saturación—. También complica la realidad los conocidos como fondos buitre, una figura nacida en Estados Unidos por los inversores con el objetivo de crear un precio atractivo.
Como explica Newtral, la cosa no queda ahí: entre sus objetivos está hacerse con activos o deudas de economías en situaciones vulnerables con la finalidad de optar a elevados rendimientos a corto, medio y largo plazo. Merece la pena resaltar que a partir de una reforma normativa del pasado 3 de abril se exige que, antes de ir a los tribunales, se acredite —en este caso o cualquiera de los otros— que se ha intentado alguna solución extrajudicial.
En concreto, hay que optar por los medios alternativos de solución de controversias (MASC). Es una manera de esquivar que los juzgados se ocupen más de lo necesario con el objetivo de aligerar el colapso. “Si el barco se hunde, se debe evitar que entre más agua”, sentencia Avello, quien, en relación a las altas cifras de saturación avisa: “Ahora estamos peor que nunca”.