El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) no tiene prisa. Cientos de canarios y canarias viven en la actualidad una situación de incertidumbre tras haber conseguido la incapacidad laboral pero no haber recibido ni un solo euro por parte del INSS en meses o incluso años. A la dificultad por conseguir corroborar una situación de incapacidad se une la lentitud de un sistema que los deja sin recursos y sin respuestas.
En la mayoría de los casos más recientes, los trabajadores que se enfrentan a un proceso de incapacidad laboral tardan años en empezar a obtener los ingresos que les corresponden.
De juicio en juicio
Gustavo (pseudónimo) es uno de los protagonistas que vivió durante casi dos años un auténtico calvario. Su historia comenzó en 2011, cuando las tareas propias de su trabajo empezaron a costarle cada vez más. Gustavo sufre un trastorno de bipolaridad que hace que su estado de ánimo fluctúe entre una sintomatología depresiva y periodos de exaltación del humor e incremento de la vitalidad, por lo que su capacidad para focalizarse en el trabajo se vio comprometida.
Tras los primeros 18 meses de baja la inspección le obligó a acudir de nuevo a su puesto de trabajo, así que las opciones le empujaron a decidir por uno de los siguientes escenarios: denunciar a la Seguridad Social o lidiar con su enfermedad en el ámbito laboral. "Tuve que buscar abogado, un perito que certificara mi enfermedad, ir a juicio y aún así la primera vez lo perdí", cuenta el propio Gustavo.
Las circunstancias de su enfermedad no le permitieron abandonar el proceso y le empujaron a seguir luchando por sus derechos, así que ante la primera negativa, el trabajador volvió a recurrir hasta que finalmente, en 2013, dos años después de comenzar el proceso, la sentencia se hizo firme y consiguió la incapacidad. Pero la lucha de Gustavo no acaba aquí. Todo lo contrario, la incertidumbre de las personas que consiguen ganar el juicio llega cuando tras la primera batalla ganada al sistema, éste, no les responde. "Todo ese tiempo estuve sin cobrar. ¿Qué pobre mantiene eso? No se puede, ni siquiera tienes paro. Tienes que ir a trabajar sí o sí, o tener dinero para afrontar todo eso, son las únicas dos opciones", denuncia.
La pesadilla no acababa ahí y antes de despertarse de ese mal sueño, Gustavo se vio envuelto en otro proceso judicial porque durante ese tiempo no pudo hacer frente a otros gastos básicos. "Tuve que denunciar a la compañía de seguro, porque en los años que duró el proceso de pedir la incapacidad no pude hacer frente a la hipoteca de mi casa, así que cuando acabé el proceso judicial contra el INSS, me vi envuelto en otro de nuevo", recuerda. Una realidad que viven cientos de canarios y canarias que se ven sin recursos y a la espera de un INSS que no muestra síntomas de rapidez.
Luchar contra el estigma
Al caso de Gustavo se le suma un hándicap: el estigma que a día de hoy siguen sufriendo las personas que padecen enfermedades mentales. En su caso fue un trastorno bipolar, y en el caso de Atenea (pseudónimo), la segunda protagonista de esta historia, la depresión.
En 2020 la sintomatología derivada de su enfermedad comenzó a impedirle el correcto desarrollo de sus tareas en el trabajo, "tener un nudo en el estómago, una sensación de miedo frente a cualquier cosa, cosas normales y cosas que son irracionales. Estás todo el rato como en una alerta y eso se somatiza con una serie de sintomatología física como malestares del estómago, no tienes ganas de comer, estás todo el rato con una preocupación...", intenta explicar.
A la lucha personal que vivía Atenea se le sumó el proceso de lidiar con la inspección para que certificaran su incapacidad tras años intentando combatir la depresión. "He descubierto que se minusvalora porque físicamente no se te ve nada, y entonces la gente tiende a pensar que es un tema pasajero, que se te va a quitar. Te dicen incluso que pongas de tu parte y que trabajando vas a dejar de tener esos síntomas porque vas a pensar en otras cosas", dice. Son algunos comentarios que recibía de sus compañeros y compañeras de trabajo, del entorno más cercano, de la sociedad pero también de la reticencia de un sistema que pone trabas a reconocer que las enfermedades mentales también incapacitan.
La incertidumbre continúa
Atenea pasó por un proceso muy similar al de Gustavo, ambos solicitaron la incapacidad tras agotar el tiempo de baja que les permitió la inspección. A ambos se les denegó en primera instancia, pero ambos tomaron la vía judicial para denunciar al Instituto Nacional de la Seguridad Social. Ambos ganaron, pero Atenea no puede decir que para ella todo haya acabado.
En febrero de 2022 la sentencia se resuelve favorable y le conceden la incapacidad laboral. Casi un año después su expediente sigue completamente paralizado. "La Seguridad Social ni me ha vuelto a llamar ni nada. Yo he estado en una situación privilegiada porque la empresa no me ha dado de baja todavía porque a ellos no les consta el documento oficial de la incapacidad", comenta, pero asegura que "la situación de incertidumbre la tienes mes a mes porque estás viendo que se pasa el tiempo y las incapacidades tienen sus revisiones. No sé qué va a pasar", se pregunta Atenea dos años después de comenzar con el proceso.
Derechos de incapacidad
Al limbo sistemático al que se empuja a los cientos de canarios y canarias que viven la misma historia que Gustavo y Atenea, se le añade la pérdida de derechos. Sin cobrar la incapacidad, ni el paro, ni poder acceder al desempleo u otro tipo de ayudas ni pensiones, el agujero en los bolsillos comienza a hacerse más y más grande y la sensación de ahogo empaña sus vidas.
Además, las personas a las que se les ha concedido la incapacidad están exentas de pagar los medicamentos desde 2021. Sin embargo, el atraso en los expedientes obliga a que los afectados por el retraso del INSS no cuenten con este derecho en el tiempo que tardan en tramitarlo.
Comisiones Obreras (CCOO) y UGT han denunciado la situación que vive Canarias y más concretamente la provincia de Las Palmas donde la cifra de atrasos para cobrar la incapacidad afecta ya a unas 1.000 personas.