Dos hombres están siendo juzgados en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas como presuntos cabecillas de una trama destinada a estafar a financieras y comercios. Los dos encausados están acusados de aprovecharse de personas con adicciones para comprar, a través de financieras, móviles de última generación, muebles, electrodomésticos y hasta coches.
Entre 2016 y 2017, los acusados se dedicaron a buscar personas vulnerables con un mismo perfil: hombres con problemas relacionados con las drogas, en situación de completo desamparo y con una necesidad imperiosa de conseguir dinero. Una vez que localizaban a este tipo tan característico de varones en las inmediaciones de centros como Gánigo o Cáritas de Las Palmas de Gran Canaria, les pedían sus DNI a cambio de cantidades de dinero que oscilaban entre los 20 y los 200 euros. Les decían que iban a sacar terminales móviles y que les pagarían el dinero acordado por cada teléfono, sumas que eran insignificantes en relación al precio de mercado de los terminales.
Falsificador
Para ello, uno de los acusados se especializó en la falsificación documental y se dedicó a confeccionar nóminas falsas y certificados de la Seguridad Social también falsos para poder financiar los productos que querían adquirir. Una vez financiaban los teléfonos, pagaban a esas personas la cantidad convenida y en la mayoría de las ocasiones se quedaban con la documentación. “Yo fui con ellos a sacar los móviles y me dieron veinte euros. Dos papelas me compré. La segunda vez me dieron 40 euros. Después vino la policía a mi casa y me acusaron de comprar unos muebles, pero yo vivía en la calle, ¡cómo iba a comprar yo unos muebles!”, contó una de las presuntas víctimas.
Los acusados se quedaban presuntamente con la documentación para comprar productos más caros, los móviles eran solo el gancho con el que captaron a los hombres. En alguna ocasión les ofrecieron cortarles el pelo y comprarles zapatos nuevos para llevarlos a comprar un coche.
“De igual modo los acusados abordaron a IMGL, fabricando un certificado supuestamente emitido por el Ministerio de Empleo, por el que este último figuraba como perceptor de una pensión de 972,21 euros (cuando lo cierto es que no percibió pensión pública de ningún tipo), y valiéndose de dicho documento, en noviembre de 2016 se dirigieron los tres hasta el concesionario MotorArisa de esta ciudad, adquiriendo con precio aplazado (financiado por la entidad RCI Banque) un vehículo por importe de 14.344,53 euros, procediendo los acusados a disponer libremente del citado vehículo, sin que existiera intención por ninguno de ellos de abonar alguna de las cuotas del citado préstamo, por el que reclama la entidad concedente”, expuso el fiscal en su escrito. Existe un tercer acusado que también está siendo juzgado. Se trata del dueño de un establecimiento de compraventa de coches en el que los dos principales acusados acudieron a comprar coches y motos.
115.000 euros
El fiscal sospecha que este empresario no podía ser ajeno a lo que estaba ocurriendo y se enfrenta a dos años de prisión. La cantidad total de la que los dos principales acusados pudieron beneficiarse ronda los 115.000 euros. De hecho, son muchos los establecimientos comerciales en los que consiguieron financiar productos (El Corte Inglés, Media Markt, Cetelem, Decathlon, Canary Bike, Centro Auto Canarias, Vitaldent, Leroy Merlin o Fagosa) a través de entidades financieras como BBVA o Santander Consumer.
Natanael de Jesús Hernández, que era la persona encargada de falsificar las nóminas y los certificados de la Seguridad Social, se enfrenta a cinco años y seis meses de prisión por los delitos de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito de estafa. Su presunto cómplice en los hechos, Juan Antonio Gonzalez, podría pasar seis años en la cárcel por los mismos delitos al tratarse de un reincidente. Los hombres que fueron captados por los dos principales acusados (eran diez pero uno ha fallecido) también se enfrentan a penas de prisión de entre uno y dos años por los delitos de falsedad en documento mercantil en concurso con un delito de estafa.
Este miércoles tiene lugar la última jornada del juicio, en la que declaran los policías que participaron en la investigación, los testigos y peritos. Las partes le han hecho al fiscal Pedro Jimeno una propuesta y presumiblemente la aceptará, rebajando la petición de penas para todos los acusados en sus conclusiones finales.