A 10 días de que se cumplieran cuatro años de la erupción volcánica del Tajogaite, la asociación Tierra Bonita consiguió su primer éxito para conocer las grabaciones de las reuniones del Pevolca previas a la erupción: un juzgado ha admitido a trámite su denuncia ante la negativa de la Dirección General de Emergencias de dar a conocer las grabaciones. Este es solo un paso previo que puede abrir la puerta a saber qué sucedió los días antes de la erupción entre científicos y políticos, y de dónde surgió el criterio de no desalojar los días previos.
Desde 2021 la Asociación Tierra Bonita, que aglutina diferentes plataformas de afectados, inició su batalla por saber qué sucedió del 13 al 19 de septiembre en las reuniones del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico. Sobre todo el proceso que han seguido para conocer estas grabaciones, el portavoz de la asociación, Francisco Rodríguez, explica que ha sido “un recorrido de dolor, de silencio administrativo, de contradicciones”.
Los tribunales como vía
La asociación ha recurrido a preguntas parlamentarias, recursos y solicitudes al Comisionado de Transparencia que han terminado en saco roto. La única respuesta que han conseguido son las propias informaciones que ya eran públicas del Pevolca y una resolución del Gobierno de Canarias donde informan que no hay actas de las reuniones, pero sí grabaciones. “¿Qué nos están diciendo? Que vayamos a los tribunales, y eso es lo que estamos haciendo”, apunta.
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo admitió a trámite la denuncia el 9 de septiembre, dando 20 días al Gobierno de Canarias para presentar el expediente con las actas y grabaciones del comité científico y el comité de dirección del Pevolca. Rodríguez califica de “triste” que se tenga que llegar a esta situación por el anterior Ejecutivo y por el actual.
Desacuerdo escondido
Esta denuncia surge de las discrepancias con determinadas declaraciones y las decisiones que se tomaron posteriormente, según explica, al respecto de la erupción inminente. Desde el punto de vista de Rodríguez, el día 19 de septiembre se tenía constancia de la inminencia de la erupción y pese a ello no se avisó con tiempo suficiente a los habitantes para el desalojo, de ahí su insistencia en conocer las grabaciones.
También considera que dentro de la comunidad científica tuvo que haber un desacuerdo en las reuniones previas a la erupción, por lo que buscan saber dónde estuvo esa discrepancia, aunque “la clave está en la decisión política”.
La necesidad de saber
“Queremos saber qué pasó en esas reuniones para que alguien decidiera que el semáforo seguiría en amarillo”, explica Rodríguez, ya que asegura que si el semáforo hubiera pasado a naranja la evacuación habría sido inmediata. Sí hubo evacuaciones previas previas de personas con movilidad reducida y de Jedey.
“Todavía esperamos una disculpa, ni siquiera la ha habido”, lamenta el portavoz de la plataforma, quien reprocha especialmente la incapacidad para admitir que la isla no estaba preparada para la erupción. “Nadie nos preparó, ha faltado mucha humildad en la clase política”, considera Rodríguez. De hecho también reprocha la falta de planes de emergencia para los desalojos.
El juzgado ha abierto la puerta a que finalmente se conozcan estas grabaciones, aunque de momento no hay una investigación en marcha, lo que se decidirá una vez el Ejecutivo responda al contencioso. La investigación podría abrir la puerta a una investigación penal, desde el punto de vista de la asociación, aunque admiten que es previo para afirmarlo.