El Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria ha culminado su cuarto año de andadura consolidándose como un proyecto pionero y un referente reconocido en los ámbitos nacional e internacional, según recoge la memoria anual elaborada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
Sin embargo, pese a su corta andadura, los primeros síntomas de sobrecarga están ahí, un mal que en Canarias prácticamente afecta a todas las jurisdicciones.
Según los datos oficiales, la Plaza 3 de la Sección de Instrucción, liderada por el magistrado Tomás Luis Martín Rodríguez, sufre una carga de trabajo elevada y sostenida: en 2025 tramitó un total de 1.057 asuntos relacionados con la victimización de menores. Esto representa un incremento del 25,9% en comparación con los 839 casos registrados el año anterior y sitúa al órgano en el umbral del colapso logístico.
Competencias exclusivas
La difusión de estos datos coincide con el proceso de especialización que la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha venido impulsando con firmeza.
El órgano gubernativo elevó formalmente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la propuesta para que esta plaza asuma "con carácter exclusivo pero no excluyente" las competencias plenas en esta materia en toda la isla de Gran Canaria. Sin embargo, esta centralización insular, sumada al repunte de asuntos y la falta de medios, amenaza con convertir al tribunal en un embudo procesal que ponga en riesgo su propio estándar de eficacia, sobre todo si se mantiene la obligación actual de tramitar también asuntos ordinarios ("exclusivo pero no excluyente").
Radiografía del maltrato
El balance del ejercicio 2025 deja un claro predominio de dos grandes bloques delictivos que concentran la actividad del juzgado: la violencia en el ámbito familiar y los delitos contra la libertad sexual.
Específicamente, los procedimientos por violencia intrafamiliar escalaron hasta los 452 casos, lo que supone un notable repunte del 39,9% respecto a las 323 denuncias tramitadas en el ejercicio previo.
Por su parte, las causas abiertas contra la libertad sexual se situaron en 402, logrando estabilizar una cifra que el propio órgano judicial considera un éxito organizativo mantener bajo control, según la memoria.
El resto de los asuntos se desglosó en lesiones a menores (54), delitos contra las relaciones familiares (47), amenazas y coacciones (34), delitos contra la intimidad (32), acoso y acoso escolar (31), y cinco causas por trata de personas con fines de explotación sexual o laboral, sumando un total de ocho macrocausas complejas gestionadas simultáneamente a lo largo del año.
En cuanto al perfil de los afectados, la media de edad de las víctimas se situó en los 12 años, con una fuerte concentración en la franja comprendida entre los 10 y los 16 años.
El éxito de los 27 días
El TSJC advierte que el volumen de asuntos, la diversidad de tipologías delictivas y la complejidad de las macrocausas muestran que la respuesta judicial en materia de infancia y adolescencia exige una organización específica, una coordinación intensa y una atención permanente para evitar la victimización secundaria, lo cual refleja que el sistema se encuentra al límite de su capacidad humana si no se activan más recursos y medios.
El mayor logro del modelo canario radica en la rapidez y la calidad del blindaje de la prueba judicial, un factor que ahora afronta el reto de un mayor volumen de asuntos de entrada.
El juzgado ha logrado mantener en tan solo 27 días el tiempo medio de espera para la realización de las exploraciones y pruebas preconstituidas. Este indicador es vital para la salud emocional del menor, pues permite grabar su declaración formal una sola vez en un entorno amable, incluso con el uso de terapia asistida con perros. Esto evita a la víctima repetir y revivir el trauma durante el posterior juicio oral, pero la falta de un plan para duplicar la estructura física del órgano podría poner en peligro la sostenibilidad de esa ratio.
Nuevos desafíos
A lo largo del año pasado, el juzgado comenzó a trabajar conforme al nuevo marco competencial previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, anticipando la asunción progresiva de todo delito cometido contra menores, con independencia de que mediara violencia física o intimidación (como delitos digitales, impago de pensiones o abandono).
Esta ampliación material del catálogo de delitos a perseguir, sumada a la investigación de las ocho macrocausas complejas que exigieron el uso intensivo de prueba digital y periciales, ha terminado por tensar al extremo la organización interna.
Respaldo de la cúpula judicial
El valor de la metodología de este juzgado especializado fue evaluado en primera persona por la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló Domenech, quien realizó una visita oficial a las dependencias del órgano acompañada por técnicos del Consejo y presidentes de audiencias provinciales de toda España.
El éxito del diseño, que incluye mejoras como un sistema de captación de sonido mediante micrófonos integrados en el techo de la sala de exploraciones para no intimidar a los niños, es unánimemente reconocido, destaca la memoria del TSJC, que concluye: "La actividad desarrollada durante 2025 confirma la necesidad estructural de órganos judiciales especializados, dotados de recursos humanos estables, medios materiales suficientes y equipos técnicos reforzados".
El sistema, tras el aumento de los casos y éxito del modelo, no puede limitarse a volcar nuevas competencias insulares sobre una sola plaza judicial: es necesario que las administraciones mantengan la proporcionalidad de los recursos para que la saturación no termine por desmantelar los logros.
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