Para los ciudadanos de a pie, todo empezó la mañana del 10 de septiembre, cuando vecinos de Santa Cruz se preguntaba qué hacía un helicóptero de la Guardia Civil sobrevolando los barrios de la capital tinerfeña de madrugada. Pronto se conocería que estaba en marcha un operativo a gran escala contra el narcotráfico con base principal en la isla de Tenerife, aunque con tentáculos que llegaban a La Gomera, Marruecos o Reino Unido. La dimensión del asunto se iría conociendo poco a poco.
En calles de Santa Cruz como Valle Inclán o Calderón de la Barca, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) realizaron una redada que se saldó con varios detenidos, cuyo pricipal implicado era un conocido empresario del ocio nocturno, como adelantó Atlántico Hoy, propietario del club Riela en Caletillas (antes conocido como Tasiri). Otra de las detenida ese día habría sido su madre, presuntamente como testaferro de una de sus sociedades.
El hombre, de 42 años, estaba en el centro de una intrincada red para introducir cargamentos de cocaína desde Sudamérica. Su origen gomero habría llevado a bautizar este enorme dispositivo como Operación Silbo. Pronto la cifra de personas detenidas se elevaría por encima de las 10.
Registros en Tenerife y La Gomera
En la operación participaban la Guardia Civil y Agencia Tributaria, conjuntamente con la EUROPOL, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y la Policía Judicial de Cabo Verde. Los registros se extendieron a otras calles de Santa Cruz commo Calderón de la Barca, avenida Buenos Aires, Los Gladiolos, avenida de Anaga, un local próximo a Plaza de España, La Cuesta y El Cardonal, y alcanzó también a La Gomera.
Dos días después, ya eran "una treintena" los detenidos, que fueron puestos a disposición judicial, según explicaba El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). De los más de 20 que declararon en el Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife, 18 están en prisión y siete han quedado en libertad provisional.
La mayoría de los que siguen libres, tienen medidas cautelares, como retirada del pasaporte o prohibición de salida del territorio. El resto de los arrestados continúa a la espera de declarar. Además, al menos una persona permanece en busca y captura en el marco de la operación.
Armas modificadas, embarcaciones y bienes inmuebles
Durante la operación se documentaron varias introducciones de droga, entre ellas una de 500 kilos en enero de 2024 y otra de 1.600 kilos en noviembre del mismo año, con destino a Santa Cruz de Tenerife, y se detectó el envío de hachís desde Marruecos con destino a Reino Unido. Se pudo también localizar un laboratorio de procesado y corte de cocaína en una finca de El Escobonal (Tenerife), donde se almacenaban productos químicos altamente nocivos y utensilios para adulterar la droga.
En los registros, realizados en distintos puntos de España, se incautaron armas de fuego modificadas, más de 600.000 euros en efectivo, 16 vehículos y cinco embarcaciones. Además, se bloquearon bienes muebles e inmuebles por un valor superior a dos millones de euros. Según la Guardia Civil, también tenían proyectada la compra de armas ilegales en la península.
Paralelamente, se investigó un entramado de blanqueo de capitales, con inversiones inmobiliarias, empresas de restauración y una firma de alquiler de vehículos utilizada tanto para lavar dinero como para distribuir droga. Los investigadores señalaron que la red contaba con miembros extremadamente violentos, entre ellos personas con formación militar que llegaron a realizar secuestros y presiones para apropiarse de terrenos en Tenerife.
Desarticulación
Finalmente, este 23 de septiembre, 13 días después de que empezaran las detenciones, las fuerzas policiales han declarado desarticulada por completo la organización criminal. La operación se saldó con la detención de 34 personas y la intervención de más de dos toneladas de cocaína, y ha incluido registros en domicilios y locales comerciales, así como el uso de helicóptero y perros adiestrados para la inspección de los inmuebles.
La operación forma parte del proyecto GDIN, liderado por la Guardia Civil, en colaboración con EUROPOL y financiado por la Comisión Europea, a través del Centro de Inteligencia Criminal Antidroga.