Un procurador de Gran Canaria puede ir a prisión por apropiarse de dinero en 36 casos que participó

Lo había contratado la empresa PRA Iberia con la idea que de gestionara sus procedimientos y la Fiscalía pide para él una pena de cuatro años

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Juzgados de San Bartolomé de Tirajana / GOBIERNO DE CANARIAS
Juzgados de San Bartolomé de Tirajana / GOBIERNO DE CANARIAS

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas juzgará el próximo miércoles 21 de febrero a A.C.C., sin antecedentes penales y procurador de los tribunales en Gran Canaria. A.C.C. Ha ejercido su labor en los partidos judiciales de Las Palmas de Gran Canaria, Telde, Arucas y San Bartolomé de Tirajana. 

Según el escrito del Ministerio Fiscal, con ánimo de obtener un enriquecimiento ilícito entre los años 2008 a 2016,el acusado presuntamente se dedicó a apropiarse de diferentes cantidades de los casos que llevaba. La Fiscalía lo acusa de quedarse con dinero de 36 de ellos en los que participó.

Litigios

Relata en su escrito la acusación, que el procurador fue contratado en febrero de 2013, por la entidad mercantil AKITV (empresa que en 2015 cambiaría su nombre a PRA Iberia S.L.U.), para que les llevara las actividades que constituían la representación procesal de litigios.

A.C.C. se encargaba de la tramitación de todos los asuntos que se dirimieran en los mencionados partidos judiciales. En el caso de retenciones y embargos a los deudores, los juzgados expedían órdenes de pago a favor del acusado y A.C.C., en lugar de ingresar las cantidades totales obtenidas en la cuenta del Banco Santander asignada para tal, incorporaba presuntamente parte de esas cantidades a su patrimonio sin que hasta la fecha las haya restituido. Como consecuencia de estos hechos, en noviembre de 2017, se revocó el poder que tenía el acusado con la entidad PRA Iberia S.L. U. 

61.154,82 euros

Para la Fiscalía los hechos son constitutivos de un delito continuado de apropiación indebida y pide para él una de pena de cuatro años de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 11 meses con cuota diaria de ocho euros, y el pago de las costas procesales. 

Además, por la vía de responsabilidad civil, solicita que el acusado indemnice a Catalana Occidente en la cantidad de 61.154,82 euros más con los intereses legales que correspondan.