Sin previo aviso y sin ofrecer aclaraciones, la Dirección General de Recursos Humanos del Gobierno de Canarias ha dado de baja en la Seguridad Social a la gran mayoría de trabajadores del Banco de Sangre de Canarias. Desde el pasado 30 de octubre, los empleados del antiguo Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) no están cotizando pese a continuar realizando sus funciones, ya que figuran como dados de baja, una situación que ha generado gran preocupación entre la plantilla.
Desde Sanidad informan a Atlántico Hoy que la baja se debe a que “se ha subrogado en la Seguridad Social al personal del extinto ICHH como personal de Hemodonación del Servicio Canario de la Salud (SCS)”. Es decir, se trata de un proceso de integración del Banco de Sangre dentro de la estructura del SCS.
Un alta no simultánea
Sin embargo, el departamento asegura que este “procedimiento rutinario” implica una “baja y alta simultánea”, de forma que “el alta se produce con efecto del día siguiente al de la baja, sin que quede descubierto alguno para el trabajador”.
No obstante, empleados del servicio desmienten que esto se haya producido así, ya que muchos han comprobado su vida laboral y en ella no figuran dados de alta en la Seguridad Social. Además, no han recibido la alerta habitual en sus teléfonos que indica que vuelven a estar cotizando.
Sin información previa
La situación afecta a toda la plantilla, excepto a un trabajador, que ya se había integrado previamente a través de un proceso de estabilización. Los empleados han expresado su malestar por haber sido dados de baja sin información previa.
“¿Tanto costaba ofrecer una información clara y transparente antes de que ocurriera algo así?”, se han preguntado a través de sus redes sociales.
Este medio ha preguntado a Sanidad el motivo por el cual no se informó con antelación a los trabajadores, aunque no se ha ofrecido una versión oficial. Según relatan varios empleados, la única respuesta recibida fue que “no se quería preocupar al personal ante el cambio”, una explicación que ha generado incredulidad entre la plantilla.
Los trabajadores alegan que esta situación los deja en una posición de indefensión, especialmente en caso de accidente laboral, maternidad o si necesitan realizar trámites administrativos que requieran estar dados de alta en la Seguridad Social.