El último informe del Comisionado de Transparencia del Archipiélago fue categórico: el Servicio Canario de la Salud es el organismo público de las Islas que más reclamaciones ha recibido —llegando a las 272— entre 2023 y 2024. Ahora, Atlántico Hoy ha tenido acceso a una resolución firmada hace un año por su director general de Recursos Humanos, José Ángel González, donde acusa a un ciudadano de hacer “un uso abusivo” de las solicitudes.
El documento, elaborado el 27 de marzo de 2024, está dirigido a un solicitante de información pública al SCS acerca de diferentes cuestiones que consideró de interés como el nombramiento de diferentes cargos en, por ejemplo, la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria o en el Hospital Doctor Negrín. Asegura que por aquel entonces se acumulaban hasta 96 solicitudes y eso suponía ocho por mes.
"No es ilimitado"
Señala que presentó 495 entre el mes de julio de 2022 y el 22 de marzo de 2024 —de las que 127, dice, se asignaron a la Dirección General de Recursos Humanos—. Se trata de un texto donde el Servicio Canario de la Salud argumenta que el derecho de acceder a la información pública no es “ilimitado o absoluto”. Lo hace amparándose en el artículo 18.1 de la Ley de Transparencia.
La norma recoge que “se inadmitirán a trámite, mediante resolución motivada las solicitudes que sean manifiestamente repetitivas o tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de esta Ley”. Además, el SCS en que se puede considerar “un uso manifiestamente injustificado, inapropiado o incorrecto del derecho de acceso a la información pública”.
"Imposibilidad funcional"
Por otro lado, una resolución del Comisionado de Transparencia emitida días después —el 29 de abril de 2024— sobre otras solicitudes de información del mismo peticionario también sorprende porque lo insta a “hacer un uso adecuado del derecho de acceso a la información con el objeto de evitar un uso abusivo”. Indica que en una sola búsqueda resulta complicado localizar y extraer los datos requeridos.
En realidad, el fondo de la cuestión es la falta de medios materiales y personales en el Comisionado: “Se subraya la imposibilidad funcional de aportar los datos solicitados toda vez que habría que analizar de manera individualizada la documentación obrante en cada uno de los expedientes. Requieren tal inmenso trabajo de elaboración, expediente por expediente archivado, que exigiría un equipo de trabajo expresamente para ello”.
"Larga demora"
“Y contar”, apuntaba el organismo encabezado por Daniel Cerdán por aquel entonces, “con la larga demora estimada para su elaboración, de personal, medios y tiempo del que no dispone este comisionado”. Además, puso sobre la mesa, en cierta sintonía con el SCS, que ha detectado “voluntad de perjudicar observando un exceso en el uso del derecho que puede calificarse como anormal”.
Cerdán, durante una comparecencia en el Parlamento, recibió la petición por parte del Grupo Parlamentario Vox de analizar si los ciudadanos abusan de este derecho. Su respuesta resultó llamativa y, además es distinta al contenido de esta resolución: "Me ha dejado un poco ojiplático. Yo le he dado el dato de las 3.700 preguntas en todos estos años, prácticamente seis preguntas al día a las 335 Administraciones canarias, no puede usted considerar a partir de ese dato que hay un abuso por parte de los ciudadanos".
Poderes más vigilantes
"Al contrario", continuó, "si los ciudadanos estuvieran más implicados, los poderes estarían más vigilantes de que hacen bien las cosas. Por lo tanto, yo no entiendo para nada esa cuestión".
Volviendo a la resolución del SCS, desliza que “puede entreverse una intención de colapsar los servicios administrativos o dificultar su normal funcionamiento”. El discurso dista de lo recogido por el Comisionado en su último informe, donde resalta su intención de implantar la cultura de la transparencia en las entidades públicas y privadas que reciben fondos públicos. En ningún momento menciona que se haya dado un uso abusivo en los últimos tiempos.
"Mejorando los instrumentos"
Transparencia va incluso más allá y habla de fomentar entre la ciudadanía el uso de las herramientas que la legislación pone a su disposición para saber de lo público. “En este sentido, seguiremos mejorando los instrumentos de evaluación de la publicidad activa; y fomentar el conocimiento del derecho de acceso a la información”, subraya. De hecho, en ningún momento plantea como algo negativo el aumento de solicitudes desde 2015.
El SCS entra a valorar y deduce “de forma clara” que las “continuas solicitudes presentadas” “ocasionan una disfunción manifiesta que no es acorde con el espíritu y la finalidad de la normativa de transparencia, existiendo desproporción entre la relevancia de la información solicitada”. Para ello hacen referencia a “el volumen, la extensión y el periodo de tiempo referido”.
"Entorpecer la labor"
Resulta llamativo que descarga sobre el solicitante la responsabilidad de colapsar los servicios administrativo del Servicio Canario de la Salud: “Se traduce en un indudable intento de entorpecer la labor de gestión del SCS e impide a este centro directivo poder dar respuesta y atender con garantías al resto de los ciudadanos (...), no deja de ser un desiderátum no acorde con el espíritu y finalidad de la normativa de transparencia”.
“A mayor abundamiento, para una correcta implantación de la cultura de la transparencia, los ciudadanos deben ser corresponsables y no bloquear a los órganos que tienen entre sus funciones acercar la administración a los ciudadanos dando respuesta a sus solicitudes de información”, insiste el director general de Recursos Humanos del SCS en el documento como conclusión.