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Montaje de varias viviendas en Adeje con una imagen del alcalde José Miguel Rodríguez Fraga. / MONTAJE AH

Adeje retrasa dos años su zona tensionada al no presentar el informe necesario

El Ayuntamiento de Adeje atribuye el retraso a su interpretación de las competencias, poniendo el foco en que el informe debía partir de la Consejería de Vivienda, aunque esta señala que son los consistorios quienes deben elaborar el análisis

Una supuesta mala interpretación sobre qué administración debía realizar el informe que justificara que el municipio de Adeje puede ser declarado como zona tensionada ha mantenido en vilo esta posibilidad por dos años. El municipio aprobó en marzo de 2024 una moción para ser declarado como zona tensionada y poder así establecer límites a los precios de los alquileres. Sin embargo, en los últimos dos años no ha habido avances al respecto, ya que el Ayuntamiento de Adeje no ha elaborado el informe que justifique esta medida.

Retraso en el informe

Desde la corporación local trasladan a Atlántico Hoy que la tardanza se debe a que interpretaban que era la Consejería de Vivienda quien debía elaborar el informe con la información relacionada con la situación del mercado residencial en la zona, ya que, tal y como dice la ley, “la declaración de zonas de mercado residencial tensionado deberá realizarse por la Administración competente”.

La administración competente es la Consejería de Vivienda del Gobierno de Canarias, pero la ley solo se refiere a la declaración como tal y no a la elaboración de toda la información previa que efectivamente justifique la medida. Desde la consejería aseguran que no han recibido información por parte del Ayuntamiento de Adeje para la tramitación como zona tensionada y señalan que son los ayuntamientos que solicitan esta herramienta los que deben elaborar la documentación que posteriormente se estudia desde el Gobierno de Canarias para analizar si efectivamente se dan las condiciones o no.

Competencias y procedimiento

En Canarias, solo un consistorio ha presentado toda la documentación para su declaración como zona tensionada, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Se trata de un informe elaborado por el propio consistorio y por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, basándose en datos oficiales, en su mayor parte gestionados por el Instituto Nacional de Estadística, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana o el Instituto Canario de Estadística.

Sin embargo, la Consejería de Vivienda sí encargó un informe externo para analizar la situación, que concluía que no procedía tal declaración, basándose en datos de portales inmobiliarios, aunque señalando que estos portales “ofrecen únicamente precios de salida y no los precios reales de cierre recogidos en los contratos de compraventa o alquiler”.

Informes y datos

En el resto del territorio nacional, en los documentos que ordenan las declaraciones como zonas tensionadas de algunos de los municipios que ya tienen esta consideración, se recoge que han sido los ayuntamientos los que han presentado las memorias justificativas y los diagnósticos de la situación para justificar esta declaración.

Para continuar con la tramitación del municipio como zona tensionada, desde el Ayuntamiento de Adeje informan que ya han encargado a la Universidad de La Laguna un informe que estudie si el municipio puede ser declarado como tal. Este encargo se realizó en los primeros días del mes de abril, dos años después de la aprobación de la moción y después de que el partido Podemos volviera a llevar al pleno municipal una moción al respecto de la situación.

Condiciones para zona tensionada

Para declarar un área como zona tensionada, la ley de vivienda establece que deben darse determinadas condiciones del mercado residencial, como que el esfuerzo económico medio para el acceso a la vivienda (sumando alquiler o hipoteca y gastos básicos) supere el 30% de los ingresos medios de los hogares, o que el precio de compra o alquiler haya experimentado en los últimos años un crecimiento acumulado significativamente superior al del IPC en la comunidad autónoma correspondiente.