La concentración simbólica convocada este sábado 7 de junio en el Parque Nacional del Teide para denunciar la masificación y el deterioro ambiental del espacio ha sido aplazada por sus organizadores. Los colectivos promotores alegan que la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife ha condicionado la celebración del acto a la obtención de una autorización expresa por parte del Cabildo de Tenerife, administración a la que va dirigida precisamente la protesta.
Según denuncian los convocantes, la Subdelegación ha utilizado una “argucia” administrativa al ampararse en el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) para exigir una autorización que, además, fue comunicada con un escaso margen de tiempo, lo que hizo “materialmente imposible” cumplir con los requisitos antes de la fecha prevista.
Desde la organización denuncian que esto supone un “bloqueo institucional” y una vulneración indirecta del derecho fundamental de manifestación. “No nos lo han prohibido por la puerta principal, pero sí por la de atrás”, señalan en su nota.
La Delegación del Gobierno responde: el Cabildo tiene la última palabra
Por su parte, la Delegación del Gobierno en Canarias ha emitido un comunicado donde aclara que no autoriza ni prohíbe manifestaciones, sino que se limita a regular el derecho de reunión de acuerdo con el artículo 21 de la Constitución y la Ley Orgánica 9/1983. Afirma que en este caso concreto, al celebrarse la protesta en un espacio natural protegido, se solicitó un informe a la Abogacía del Estado, que confirmó que se requiere autorización de la administración gestora del parque, es decir, el Cabildo.
“La presidenta del Cabildo puede prohibir cualquier actividad por razones medioambientales”, indica el comunicado, en el que también se recuerda que ya en 2022 se reguló otra manifestación dentro del entorno del Parque Natural de la Corona Forestal, bajo la presidencia de Pedro Martín, desmintiendo así que esta situación marque un “precedente”.
Además, la Delegación lamenta el “tono desafiante y populista” de la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, a quien acusa de instrumentalizar políticamente el conflicto y cargar contra el Gobierno central “cuando le conviene”.
Críticas a la gestión ambiental del Teide
Los colectivos ecologistas no solo denuncian el bloqueo del acto, sino también la gestión general del Teide por parte del Cabildo. Acusan a la institución insular de mantener “secuestrada” la revisión del PRUG y de favorecer un modelo de uso del parque orientado al “turismo masivo” más que a la conservación.
Además, señalan la contradicción de que se limite una protesta pacífica mientras se permiten actividades multitudinarias como carreras, rodajes, eventos comerciales y visitas masivas, sin un control eficaz sobre acampadas ilegales, rutas de quads, o daños al patrimonio natural.
“Seguiremos adelante”, afirman los colectivos, que no descartan acciones legales por lo que consideran una vulneración de derechos fundamentales. El lema “El Teide Tiene un Límite” se mantiene vivo, aseguran, como símbolo de una exigencia urgente: un modelo de gestión que priorice la protección real del parque frente a su uso político y comercial.