El Ayuntamiento de Arona (Tenerife) ha comenzado a girar cobros retroactivos de la tasa de alcantarillado a vecinos de Cho II–Parque La Reina, con liquidaciones que se remontan a septiembre de 2021. La medida llega después de que el propio consistorio interviniera aquel año para garantizar el funcionamiento de la depuradora de la zona para evitar vertidos al medio y un “posible delito ambiental” después de que la empresa que gestionaba la depuradora la abandonara y esta comenzase a verter aguas no depuradas.

En una resolución de agosto de 2022 a la que ha tenido acceso Atlántico Hoy, el ayuntamiento explicó que Cristimar SA, promotora de la urbanización donde estaba la estación depuradora y responsable de la misma, hizo "una grave dejación, realizando el abandono de las instalaciones y permitiendo el vertido continuado de aguas residuales sin tratar al medio”.

Urgencia

En consecuencia, el consistorio tomó las riendas de la depuradora, adjudicándole la gestión a Canaragua SA debido a “la urgente necesidad de garantizar la continuidad de la depuración de las aguas residuales industriales y urbanas procedentes de la Urbanización Cho-Parque la Reina (…) a los efectos de evitar el vertido y posible consideración como delito ambiental”.

Esa intervención, sostiene el ayuntamiento, se hizo hasta la recepción definitiva de la depuradora por parte del municipio y con la posibilidad de repercutir los costes mediante ejecución subsidiaria. Ahora, casi cuatro años después, los vecinos aseguran que están recibiendo cartas y cargos por el alcantarillado acumulado desde 2021. Algunos afectados relatan que han llegado a pagar hasta 240 euros en un solo golpe.

"Dejación grave” de Cristimar SA

El expediente municipal no sitúa el foco en los vecinos, sino en la empresa Cristimar SA, a la que se atribuye el abandono del sistema de saneamiento. Un informe de Medio Ambiente de abril de 2022 concluye literalmente que “la empresa Cristimar SA ha realizar una grave dejación realizando el abandono de las instalaciones y permitiendo el vertido continuado de aguas residuales sin tratar al medio.”

“No seguir prestando el servicio por parte del Ayuntamiento de Arona implicará realizar el vertido al medio de forma irregular y por lo tanto incurrir en un delito medio ambiental", advertía aquel informe. Es decir, el consistorio reconoció que, si no actuaba, el vertido irregular podría acabar teniendo derivadas penales.

Intervención de emergencia, pero sin “recepción formal”

La documentación explica que Arona actuó empujado por una situación excepcional. La resolución insiste en reiteradas ocasiones que el ayuntamiento no está ante una recepción formal de las obras de esa urbanización, ni siquiera tácita, porque faltan elementos esenciales del procedimiento: “No consta proyecto de urbanización aprobado (…) suficientemente descriptivo de la infraestructura de saneamiento” del ámbito, incluyendo “tanto la estación depuradora como toda la red de colectores y canalizaciones que vierten en ella”.

Por el contrario, el documento justifica la actuación en la contratación de Canaragua SA para seguir gestionando la depuadora debió entenderse como una "recepción forzosa", obligada para sostener un servicio esencial: "No estamos ante una recepción formal ni tácita de la Ley, sino una situación excepcional y por lo tanto forzosa ante una situación de interés general y de evitar un riesgo medioambiental”.

El expediente fijó el 30 de septiembre de 2021 como fecha en la que se realizó esta recepción, a partir de la cual comenzó a operar Canaragua y ahora se cobra a los vecinos.

Expedientes contra Cristimar SA

En aquella resolución, el ayuntamiento ordenó "iniciar expediente de oficio para depurar de las responsabilidades urbanísticas ante el incumplimiento del deber de mantenimiento y conservación al Promotor de la Urbanización Cristimar SA como consecuencia del abandono de las instalaciones y permitiendo el vertido continuado de aguas residuales sin tratar al medio”.

Y añadió, además, que se debía iniciar el expediente de recepción urbanística para determinar el grado de cumplimiento real del ámbito.

El enfado vecinal

El inicio de cobro de facturas retroactiva ha reactivado el malestar en Cho-Parque La Reina, donde un grupo de vecinos del Polígono 2A (a los que se les ha cobrado ahora la tasa de alcantarillado) llevan años sin que les concedan licencias para construir porque el ayuntamiento no considera recepcionada la urbanización.

Aunque son casos distintos, pues en el Polígono 2A la promotora de la urbanización fue Gestur y en lo referente a la depuradora es Cristimar SA, en ambos casos hay problemas con la recepción y los vecinos se quejan de que el ayuntamiento para unas cosas active una “recepción forzosa” y se consolide el servicio; mientras que para otros derechos urbanísticos se eternicen los procesos.