El Cabildo de Tenerife ha dado ya luz verde definitiva al Proyecto de Interés Insular (PII) que ordena la parcela de DISA Tenerife, S.L. en el Polígono Industrial de Granadilla: 275.014 metros cuadrados que la propia corporación había presentado en 2022 como la antesala de una planta de hidrógeno verde.
Pero este texto legal ya aprobado no obliga a construir esa planta y descarta las dudas jurídicas que había planteado el Gobierno de Canarias, además de legalizar, con la misma cobertura normativa, instalaciones de combustibles convencionales.
Sin obligación de construir una planta de hidrógeno
Las normas urbanísticas aprobadas definen el uso del suelo como "infraestructuras energéticas e industrial vinculado al almacenamiento, producción y distribución de energía", sin comprometerse con ninguna tecnología: hablan de combustibles "de origen fósil, de fuentes renovables o en transición".
Ante una alegación presentada durante la tramitación, el propio expediente aclaraba que "el proyecto de la planta de hidrógeno no es objeto de este PII", una distinción que no es solamente jurídica.
Atlántico Hoy ya informaba el pasado mes de septiembre de que Hidrógeno Renovable Tenerife, la filial de DISA, tuvo que aparcar la planta de hidrógeno para instalar en la misma parcela la Planta Los Abrigos, una de las diez centrales de emergencia que impulsó el Gobierno de Canarias ante el riesgo de apagones en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. Lo que hoy se legaliza con más fuerza inmediata es esa infraestructura de respaldo, no el hidrógeno verde que dio origen al proyecto.
Una zona pensada para no vivir
La parcela linda con el suelo de UNELCO (Endesa), donde está la Central Térmica de Granadilla. Su normativa, amparada en el Real Decreto 840/2015 sobre accidentes graves con sustancias peligrosas, prohíbe expresamente viviendas, hospitales, residencias de mayores, centros penitenciarios, colegios, campings, hoteles, centros comerciales y cualquier equipamiento con capacidad para más de 50 personas.
Este reconocimiento trata la parcela como una instalación de riesgo a escala industrial, del tipo que la normativa europea clasifica como Seveso: la lista de exclusiones define, en la práctica, el perímetro de seguridad de una planta de combustibles, no el de una infraestructura menor.
Las dudas de Canarias descartadas
Durante esta tramitación, la Dirección General de Ordenación del Territorio del Gobierno de Canarias cuestionó la validez jurídica de la modificación urbanística en la que se apoya el proyecto. El informe jurídico del Cabildo tinerfeño ha zanjado el debate sin resolverlo: "la ordenación que establece el PII es autónoma y prevalece" sobre esa modificación, sea o no válida.
Siguiendo la misma lógica de vía rápida, en abril de 2026 se llevó a la Comisión de Evaluación Ambiental de Tenerife a concluir que el proyecto "no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente", lo que le permitió acogerse a una tramitación ambiental simplificada, pese a exigir después un paquete de medidas para proteger una especie protegida, restaurar vegetación autóctona y canalizar dos barrancos de la zona.
Tras publicarse este expediente, el Cabildo puede iniciar las obras de urbanización de inmediato. Queda por ver si lo que se levanta en esos 275.000 metros cuadrados es la planta de hidrógeno verde que protagonizó los titulares de 2022, la central de emergencia que ya tiene prioridad desde 2025, o ambas actuaciones en fases sucesivas, una opción que el propio texto legal deja totalmente abiertas.
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