El Gobierno de Canarias ha declarado urgente la ocupación de los bienes y derechos afectados por la ejecución del proyecto del tercer carril de la autopista TF-5 entre Guamasa y el aeropuerto de Tenerife Norte, en sentido Santa Cruz de Tenerife.
La orden, fechada el 11 de junio de 2026, permitirá avanzar en el procedimiento de expropiación forzosa "necesario para desarrollar esta actuación" considerada urgente, con el objetivo de "mejorar la fluidez y la capacidad de una de las principales vías de Canarias", según el Ejecutivo.
Ocupación urgente
Desde el Gobierno canario recuerdan que el proyecto fue aprobado definitivamente el 26 de septiembre de 2025 por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad e incluye la relación de bienes y derechos afectados. También que el 14 de octubre de 2025, el área técnica de la Dirección General de Infraestructura Viaria emitió un informe justificativo sobre la necesidad de declarar la urgente ocupación.
El Ejecutivo justifica la urgencia de la ocupación en la "importancia estratégica" de la TF-5 dentro del Anillo Insular de Tenerife y del sistema de comunicaciones de la isla. Señalan que la vía, especialmente en el entorno del aeropuerto y en dirección Santa Cruz, soporta desde hace años "elevados niveles de tráfico y frecuentes retenciones en los accesos a la conurbación Santa Cruz-La Laguna".
Proyecto
La actuación contempla la construcción de un tercer carril de 3,6 kilómetros en la calzada decreciente de la TF-5, entre el enlace de Guamasa y el aeropuerto del Norte. Además, prevé la modificación de los enlaces de Guamasa, Los Rodeos y San Lázaro, así como la construcción de una nueva glorieta en el interior del aeropuerto.
Según recoge la orden, estas intervenciones permitirán "reorganizar los tráficos de acceso y separar mejor los movimientos entre el aeropuerto, Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife". El objetivo es "incrementar la capacidad de la autopista en sentido área metropolitana y reducir los niveles de congestión que se registran de forma habitual en las horas punta".
Crédito suficiente
La orden señala que existe crédito suficiente para afrontar el importe estimativo de las expropiaciones previstas en el proyecto. Asimismo, recuerda que la aprobación de la actuación "lleva implícita la utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes afectados".
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición ante el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos meses.