El exalcalde de Puerto de la Cruz y actual portavoz del PSOE, Marco González, ha denunciado públicamente que los concejales de Asamblea Ciudadana Portuense (ACP), David Hernández y Alberto Sebastián Cabo, ocultaron durante dos años informes de Salud Pública que advertían de la contaminación en Playa Jardín.
Según cuenta González a Atlántico Hoy, esos documentos, emitidos en febrero y abril de 2022, alertaban de contaminación fecal y recomendaban medidas urgentes, pero nunca llegaron a su despacho mientras ostentaba la Alcaldía. Y esto lo ha podido confirmar gracias a un informe oficial del secretario municipal y a una auditoría de la huella digital del expediente, que revela que “el informe del año 2022 va asignado al grupo de gestión de playas y al concejal responsable por aquel entonces de playas”. Añade que “ese registro entró y el concejal no asignó ningún expediente, ni lo comunicó absolutamente a nadie, ni siquiera al alcalde”.
Noche de San Juan
Aunque aquellas advertencias "no obligaban directamente al cierre de la playa, sí alertaban de la pérdida de calidad del agua" y recomendaban extremar precauciones, explica el exalcalde. Finalmente, se prohíbe el baño tras las fiestas de San Juan celebradas en la playa en el verano de 2024.
Según González, el informe de 2024 llegó al registro municipal “el viernes 22 de junio a las 13:57 horas, cuando ya no había funcionarios”, y no fue hasta el martes 25 cuando la funcionaria responsable le informó. “Ese mismo día pedí aclaración a Salud Pública y decreté el cierre de la playa”, asegura. “Nunca antes de San Juan tuve conocimiento de esa alerta”, añade.
El exalcalde lamenta que, pese a ocultar esos informes, “los mismos concejales me acusaron a mí de permitir el baño tras la moción de censura”, que en 2024 apartó al PSOE del gobierno local y permitió a ACP pactar con PP y CC.
Competencia insular
El exregidor subraya que la principal causa de la contaminación no es municipal, sino la rotura de un emisario submarino, competencia del Consejo Insular de Aguas, dependiente del Cabildo de Tenerife.
González critica especialmente las declaraciones de la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, “que llegó a acusar a vecinos de Punta Brava de tener conexiones irregulares y a mí de permitirlas”, algo que, según remarca, ha sido desmentido por el propio Consejo Insular de Aguas: “En ninguno de los trabajos ni inspecciones realizadas se ha encontrado ninguna conexión irregular”.
Estrategia deliberada
Para el exalcalde, todo demuestra que hubo una estrategia deliberada: “Si hubiésemos tenido conocimiento de esa alerta en 2022, probablemente habríamos podido actuar de otra manera, sobre todo en coordinación con las competencias insulares”.
González califica esta actuación de “cínica” y considera que hubo “intencionalidad política” para justificar el cambio de alianzas. Y concluye: “Ocultaron una información que afectaba directamente a la salud pública, y luego trataron de usarla como arma política”.