“¿Alguno de ustedes declararía ante todo el mundo que su marido le ha pegado, que la ha violado? Yo no lo haría”, dijo este lunes la fiscal jefe de Canarias, María Farnés Martínez, en la rueda de prensa en la que alertaba sobre la grave situación que enfrentan las víctimas de violencia machista en los juzgados de Santa Cruz de Tenerife.
Farnés se refería a la falta de privacidad y dignidad con la que se tratan a las víctimas en las dependencias judiciales, donde la falta de instalaciones dignas se manifiesta de forma “clara y sangrante”, señalaba también la magistrada decana de Santa Cruz de Tenerife, Esmeralda Casado.
Para la portavoz del Foro contra la Violencia de Género de Tenerife, Elisa Pérez Rosales, la falta de recursos en las infraestructuras judiciales “supone un problema grave” para la protección de las mujeres: “Las coloca en una situación de mayor vulnerabilidad" y provoca que “las mujeres tengan cada vez menos seguridad a la hora de poner una denuncia”, explica a Atlántico Hoy.
Años de carencias
La precariedad de las infraestructuras es una queja constante desde hace años, y la fiscal describió cómo mujeres acompañadas de niños pequeños "pasan horas en un cubículo superpequeño en el que hablan con sus abogados ante todo el mundo; donde el niño no tienen ni sitio ni para ir al baño". Además, alertó de que la situación será "mucho más gravosa" con la entrada en vigor de cambios legislativos que podrían incrementar la carga de trabajo.
Casado afirma también que la provincia no cuenta con suficientes juzgados de lo social, y se "espera en la calle" por falta de espacio sin que abogados ni graduados sociales puedan entrevistarse con sus clientes confidencialmente. Mucas mujeres deben declarar “de manera abierta sin estar en un espacio protegido ante sus propios agresores”, una situación que debilita su derecho a la protección y mina su confianza en el sistema, añade Pérez Rosales.
Sin embargo, Pérz Rosales afirma que no se trata únicamente de las infraestructuras judiciales, sino que el sistema al completo tiene carencias que desprotegen a las mujeres en los casos de violencia machista. “Se pone su palabra en duda”, añade, recordando que las cifras del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) muestran un estancamiento en las medidas de protección tras las denuncias. Y pone un ejemplo: "Estar en VioGén no garantiza que tu vida no corra riesgo", criticando el sistema policial del Ministerio de interior que se encarga del seguimiento de los casos de violencia de género.
Falta de revisiones
El Foro denuncia que “hayan disminuido las denuncias no significa que haya descendido el índice de violencia contra las mujeres, sino que se sienten desprotegidas, no confían en el sistema”. La experta subraya que muchas víctimas no denuncian por miedo, falta de apoyo familiar, desempleo o amenazas, lo que obliga a un enfoque más integral.
"El sistema judicial en general no está haciendo todo lo que tiene que hacer para proteger a las mujeres”, dice la portavoz, que lamenta que no se están "haciendo revisiones” estructurales del sistema judicial y que “si no analiza lo que está ocurriendo y se identifican los fallos, volvemos a caer una y otra vez más en la misma situación”.
Minuto de silencio
Se queja además de no recibir respuesta institucional a sus demandas, un lamento al que se une Casado, que no ha visto respuesta por parte de la Consejería y le preocupa la ausencia de transparencia en torno a las infraestructuras judiciales, que mantienen a Tenerife anclada en un "laberinto del pasado", lejos del modelo de justicia del siglo XXI "que sí existe en Las Palmas".
Pérez Rosales se muestra tajante: “La respuesta institucional no es hacer un minuto de silencio cada vez que asesinan a una mujer. Eso no sirve para solucionar las situaciones de gravedad que estamos viviendo día a día”.
Plataforma Cabo Llano
En la rueda de prensa del lunes, a la que asistieron representantes de los operadores jurídicos y diversos colectivos sociales, se anunció la reactivación de la Plataforma Cabo Llano, un colectivo, compuesto por agentes judiciales y profesionales vinculados a la atención de víctimas, que busca denunciar y exigir mejoras urgentes en las condiciones de las instalaciones judiciales.
Los colectivos judiciales han solicitado una reunión con la consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, para reclamar transparencia y respuestas claras.