El Gobierno de Canarias aprobó el pasado lunes el Plan Rector de Uso y Gestión del Teide tras más de dos décadas en vigor de la regulación actual. El texto ha generado cierta polémica por el rechazo del sector científico y de los colectivos ecologistas ante una mayor apertura a determinadas actividades respecto al borrador anterior. En el trámite de su aprobación, la Comisión Autonómica de Informe Único emitió un informe crítico, señalando la falta de atención a sus recomendaciones y la ausencia de justificación de buena parte de las medidas adoptadas.
Esta comisión, adscrita a la Consejería de Planificación Territorial y Aguas, es uno de los órganos que emite informes para la toma en consideración de planes y proyectos. En su último informe relativo al PRUG realizan nueve observaciones sobre recomendaciones emitidas en 2022 que no fueron atendidas.
Sin análisis del problema
La comisión había recomendado incluir en el texto una memoria justificativa que expusiera el diagnóstico de la problemática del Parque y las actuaciones o soluciones normativas propuestas para reducir las distintas afecciones. De esta forma se motivaban las restricciones más duras que planteaba el texto anterior.
Esa memoria justificativa finalmente no se incluyó, por lo que la comisión considera que “no puede comprobarse si la normativa y las propuestas se encuentran fundamentados en un análisis diagnóstico de la situación actual del Parque Nacional o con la correspondiente valoración de alternativas, ni en un pronóstico de su previsible evolución futura en caso de mantenerse las tendencias actuales”.
De este modo, señala que no hay un documento que correlacione la problemática general y específica del Parque con la adopción de medidas en el plan, “lo cual va a dificultar la comprensión del origen del contenido normativo del mismo”.
Ausencia de ordenación urbanística
La comisión también recomendó que, si bien el plan rector no debía incluir obligatoriamente un plan de ordenación urbanística, debía “valorarse la conveniencia” de incorporarlo, “evitando así la situación de ordenación parcial actual y simplificando además la propia ordenación”, ya que, en caso contrario, sería necesaria la modificación de hasta 14 normativas urbanísticas municipales.
El texto aprobado es “totalmente carente de tal ordenación”. La comisión señala que esta ausencia hace que el Parque esté sujeto a 14 Planes Generales y Normas Subsidiarias.
En la aprobación provisional se recomendó completar la información con un anexo cartográfico completo y a escala suficiente para identificar los límites de las zonas y subzonas planteadas, así como la localización de los valores naturales, culturales y socioeconómicos presentes en el Parque.
Carencias en la zonificación
La comisión señala que, pese a esta recomendación, “la descripción de la zonificación, y por lo tanto de la única ordenación del territorio del Parque de la que consta el Plan, no forma parte integrante de éste (sic)” y que la cartografía presentada “no delimita de forma individualizada cada zona o área”.
Especies invasoras y redacción mantenida
Otra recomendación fundamental, en línea con las peticiones científicas, era que el plan tuviera como objetivo general “la eliminación de todas las especies exóticas” en los sistemas naturales del Parque, en lugar de la propuesta anterior de reducir su presencia.
Los gobiernos de Coalición Canaria y Partido Popular mantuvieron la redacción previa “a pesar de que equivale a asumir que la eliminación de la flora y fauna exótica no es de hecho un objetivo del Plan, a pesar de la problemática generada por las mismas”.
La comisión también recomendó unificar los usos prohibidos para evitar la subdivisión basada en el tipo de uso regulado, con el fin de simplificar la normativa. Sin embargo, afirman que esta recomendación no se incorporó.
Regulación de prácticas deportivas
Por otra parte, en 2022, la comisión solicitó una regulación más detallada de usos como la actividad deportiva, las prácticas audiovisuales o los aprovechamientos de tierras de colores. El nuevo informe hace una valoración extensa sobre cada una de ellas y el incumplimiento de las recomendaciones.
Por un lado, señala que el PRUG diferencia entre la práctica organizada y no organizada de carrera por montaña y ciclismo, “sin que conste acreditada valoración de la decisión adoptada de llevar a cabo esta separación”, considerando que los efectos son intrínsecos a la actividad y que el carácter competitivo no añade mayor afección.
Incongruencias en la regulación deportiva
La comisión apunta que no se entiende el motivo por el que se establece una diferencia entre la carrera y el senderismo, “para el cual no se incorpora ninguna regulación, por lo que debe entenderse como una práctica sin limitaciones de ninguna clase en cuanto a número de participantes”. Asimismo, señalan que el ciclismo se permite en una serie de pistas y tramos “sin ninguna limitación adicional”.
Sin embargo, reprochan que el documento prohíba las actividades deportivas cuando se trata de competiciones, ignorando “por completo por qué debe considerarse incompatible con la conservación una actividad por el simple hecho de constituir una competición oficial”, si su afección sería idéntica a la de una actividad no competitiva.
Eventos y excepciones
Pese a esta prohibición, manifiestan que el PRUG otorga la condición de autorizable a varias pruebas atléticas y ciclistas, siempre que sean organizadas por el Cabildo Insular u otra administración local.
También reprochan que no se explique por qué no se permite a un promotor privado organizar estas pruebas, “máxime cuando posteriormente se presenta una nueva excepción” para la Vuelta Ciclista a España, promovida por un privado, que se evalúa como “de baja incidencia ambiental” sin detallar qué significa ni cómo se evalúa.
Rodajes en el Teide
La comisión señala que el nuevo PRUG incorpora “diversas modificaciones” para rebajar requisitos a la actividad audiovisual, aumentando intensidad, frecuencia y número de participantes. Entre los cambios están los relativos a participantes, periodicidad y posibilidad de instalar elementos temporales de rodaje.
El informe reprocha que “la acreditación de la valoración de las decisiones tomadas en la regulación de usos resulta imposible” y que el sector audiovisual “recibe un tratamiento diferenciado respecto a otros de similares características”, sin justificar por qué dos grupos del mismo tamaño requieren distinta regulación.
Apicultura y tierras de colores
El CSIC votó en contra del PRUG por incentivar la instalación de colmenas, lo que perjudica la polinización y desplaza a especies autóctonas. La comisión señala que no se justificó el aumento del máximo de 1.200 colmenas del texto anterior a las 2.000 actuales.
Asimismo, pese a recomendar el descenso progresivo del uso de tierras de colores en las fiestas de La Orotava, el nuevo texto mantiene su uso, pese al “evidente efecto negativo” y a que “no hay criterio conservacionista que justifique lo contrario”. La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, reprochó a los ecologistas su oposición, aunque la propia comisión advierte de su impacto negativo.