La Dirección General de Energía ha concedido a Energías Verdes de Tenerife S.L. (Iberdrola) la autorización administrativa y la declaración de utilidad pública e interés general para el proyecto Parque Eólico Tarajales, de 10,395 MW, en el término municipal de Granadilla de Abona.
El Gobierno de Canarias ya había aprobado el proyecto el pasado 15 de junio a propuesta de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, ordenando la modificación del planeamiento afectado.
Sobre el parque
El parque, de 10,395 megavatios (MW), supondrá, según el Ejecutivo canario, "la reducción del extracoste de generación de energía en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares". Se estima que su puesta en funcionamiento permitirá reducir en 19.940 toneladas la emisión de CO2 a la atmósfera.
Según adelantó en junio el Gobierno de Canarias, la inversión aproximada prevista para este parque eólico superará los 13,7 millones de euros y generará 73 puestos de trabajo en la fase de construcción y 21 puestos de trabajo en la fase de mantenimiento y explotación.
Interés general
El proyecto, en su fase de exposición pública, contó con numerosas alegaciones, entre ellas por su impacto sobre la biodiversidad -está proyectado cerca de un entorno de charcas con numerosas especies de aves, entre otros inconvenientes-, sobre la actividad económica agraria de la zona, por su afección a una zona de protección minera o por los ruidos y molestias que puede generar en viviendas cercanas.
Algunas administraciones, como el Ayuntamiento de Granadilla de Abona, han mostrado reticencias al proyecto porque "no es conforme con el Plan General de Ordenación Urbana" del municipio. Con todo, para la Dirección General de Energía pesa más el interés general del proyecto: "De las alegaciones presentadas por los propietarios en la correspondiente fase procedimental, no se puede deducir intereses particulares que hayan de anteponer al interés social que persiguen las energías renovables que es la mejora ambiental de sistema energético de Canarias".
Cabe recurso de alzada
En cualquier caso, sí liga la autorización administrativa al cumplimiento de los condicionantes establecidos en la declaración de impacto ambiental. Asimismo, establece otra serie de condiciones, como la obligación de restaurar el medio natural una vez termine la explotación.
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados todavía pueden interponer recurso de alzada ante la Viceconsejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Energía en el plazo de un mes desde que reciban la notificación de la autorización administrativa.