El Gobierno de Canarias, a través de su área de Patrimonio, ha sancionado con 229.503 euros a la promotora Segunda Casa Adeje S.L., constructora del macroproyecto turístico Cuna del Alma, y a la Junta de Compensación de la Unidad de Actuación 1 del Sector S06 “Puertito de Adeje", tras certificar que las obras del complejo han alterado o manipulado yacimientos arqueológicos, ha incumplido las obligaciones de control, así como las medidas cautelares.
La información se ha dado a conocer este martes, seis días antes de la manifestación del 18M que, entre otras cuestiones, exige la paralización de este proyecto. Esta sanción emana de una inspección realizada el 26 de septiembre de 2024, en la que se detectó que al menos se han producido tres delitos diferentes en estas obras.
Yacimiento alterado
Según la información facilitada por el Gobierno de Canarias, en dicha inspección se constató que había un yacimiento registrado en 2018 que “había sufrido alteraciones significativas, incluyendo la destrucción parcial de estructuras de piedra seca y la dispersión de material arqueológico, como industria lítica en basalto y obsidiana, fragmentos cerámicos y restos óseos de fauna”.
Patrimonio identificó dos áreas con evidencias arqueológicas, una de las cuales resultó “severamente afectada por la remoción de tierras”. En esa inspección confirmaron la “necesidad de conservar el yacimiento íntegramente hasta la realización de excavaciones controladas” y verificaron “la alteración de la topografía natural del área debido al rebaje del terreno, lo que compromete la estabilidad del sitio”.
Afecciones "graves"
“La inspección concluyó que las afecciones al yacimiento fueron graves, con una destrucción significativa de su área de mayor potencialidad arqueológica, lo que supone una infracción a la Ley de Patrimonio Cultural de Canarias”, apuntan. Por ello desde Patrimonio han recomendado recolectar los restos arqueológicos aún presentes, integrar el yacimiento al plan urbanístico y que en futuras intervenciones en la zona haya supervisión arqueológica.
A raíz de estas afecciones, el 31 de enero de 2025 el consejero de Patrimonio acordó la incoación de un nuevo expediente sancionador contra la empresa, después de que el primero hubiera caducado a su llegada al cargo. En esencia, los delitos detectados han sido:
1. Alteración o manipulación de yacimientos arqueológicos (art. 139.o)
- Se ha verificado la afección a 620,20 metros cuadrados del yacimiento arqueológico PA-04, con la destrucción total de 79,99 metros cuadrados de la Zona 4.0, la de mayor valor patrimonial.
Se trata de una pérdida irreversible, ya que este sector se había identificado como de máxima potencialidad arqueológica, donde se pretendía realizar excavaciones sistemáticas futuras", valora el Gobierno. Asimismo, apuntan que "la destrucción impidió la correcta valoración científica del yacimiento, afectando al conocimiento del poblamiento prehispánico del sur de Tenerife"
2. Incumplimiento de las obligaciones de control arqueológico (art. 139.p)
- Se constató que las obras de desmonte y remoción de tierra se realizaron sin la supervisión de un técnico arqueólogo, lo que contraviene las medidas de control establecidas en los informes previos.
- Las actas de inspección de 27 de mayo y 1 de junio de 2022 verificaron que la obra avanzó sin supervisión, aumentando el riesgo de daños irreversibles al patrimonio arqueológico.
3. Incumplimiento de medidas cautelares (art. 139.n)
- La empresa promotora desobedeció la resolución de suspensión cautelar de las obras dictada por el Cabildo de Tenerife, lo que permitió que continuaran las intervenciones en un área protegida.
- El informe del 11 de octubre de 2022 certificó que se realizaron nuevas excavaciones en la zona bajo prohibición expresa, rebajando la cota del terreno y alterando la topografía del yacimiento.
- La inspección del 13 de octubre de 2022 confirmó que se habían vulnerado las medidas cautelares, con presencia de maquinaria pesada y personal trabajando en el área restringida.
La sanción supone que la empresa está obligada a "reparar los daños causados al patrimonio cultural, mediante órdenes de ejecución destinadas a restituir el yacimiento a su estado anterior en la medida de lo posible"
Segundo expediente
Desde el Gobierno de Canarias apuntan que activaron el expediente después de que caducara el 31 de agosto de 2023, 37 días después de la toma en posesión de Miguel Ángel Clavijo, lo que aseguran que “imposibilitó cualquier margen de actuación efectiva sobre su tramitación”.
“La caducidad del procedimiento deriva del transcurso del plazo máximo legal de un año sin resolución expresa, lo que implica que su inactividad y consecuente archivo son el resultado de la falta de impulso administrativo durante la mayor parte de dicho periodo”, apuntan. Por ello apuntan que la responsabilidad de la caducidad del primer procedimiento sancionador no debería sobre caer en Clavijo.
Patrimonio apunta que desde que tuvieron conocimiento de la caducidad adoptaron “una estrategia rigurosa basada en un análisis exhaustivo de la situación. Con el fin de esclarecer los hechos y garantizar la correcta protección del patrimonio cultural afectado, se llevaron a cabo diversas visitas de inspección sobre el terreno, realizadas por personal especializado adscrito a la Alta Inspección de Patrimonio Cultural”.