Comprar un terreno en suelo urbano consolidado en Canarias creyendo que todo es legal y verse atrapado durante años en un bloqueo burocrático sin poder recibir licencia para construir. Es la pesadilla que están viviendo unos 30 propietarios en el sur de Tenerife, concretamente en el municipio de Arona, porque el ayuntamiento considera que la parcela en la que quieren construir no está formalmente recepcionada, a pesar de haberse pasado décadas dando licencias a otros vecinos.

Este problema está ocurriendo en el Polígono 2A (Fase 1) de Cho–Parque de la Reina, situado en Arona. La urbanización la construyó Gestur en los años 80 y, aunque en principio debía entregar un 10% de aprovechamiento al ayuntamiento, no lo hizo y solicitó la entrega de la obra. Arona nunca contestó y Gestur entendió la obra por entregada por silencio administrativo, por lo que empezó a vender parcelas. Durante todos estos años, el consistorio ha inventariado esas calles, las ha mantenido como propias e incluso ha entregado licencias, pero ahora ha cerrado el grifo y dice que ya no se conceden más.

No aguantan más

Los vecinos ya no aguantan más y no saben qué hacer porque no ven ningún avance ni propuesta de solución por parte del ayuntamiento. Gestur, además, ya ni siquiera es la propietaria de los terrenos, pues los fue vendiendo. Han acudido a la Diputación del Común, a Transparencia e incluso al Parlamento de Canarias, pero llevan años bloqueados.

La mayoría de las parcelas están edificadas porque las licencias se otorgaron durante décadas sin problemas, pero hace unos años algo cambió y el consistorio adoptó un nuevo criterio. La obra estaba completada desde 1986; lo único que faltaba era la mencionada cesión del 10 % del aprovechamiento al ayuntamiento, requisito nunca cumplido.

Una treintena de afectados

En un escrito que registraron el 3 de abril de 2025 ante el Diputado del Común, detallaban que en ese ámbito “existen 88 parcelas (…) más de 60 de ellas ya edificadas”, mientras el resto permanece paralizado por esta razón.

En un informe jurídico del 4 de noviembre de 2024, el Ayuntamiento de Arona afirmaba: “No se pueden otorgar licencias de edificación en el Polígono 2A de Cho-Parque la Reina” porque el proyecto de urbanización “carece de aprobación definitiva” al faltar el proyecto de compensación con la cesión del 10 %. El área técnica del consistorio, sin embargo, no opina lo mismo. En un informe previo, de marzo de 2024, concluyó que “concurren suficientes elementos de juicio para considerar que la urbanización (…) ha sido tácitamente recibida” tras décadas prestando servicios municipales, mantenimiento y licencias previas.

La misma persona que indica al jurista municipal que la urbanización no está recepcionada para que emita un informe desfavorable al otorgamiento de licencias, Manuela Melo Padilla, jefa del Servicio de Ordenación y Gestión, es quien hace 40 años firmó el escrito en el que el ayuntamiento informaba a Gestur que no podía recepcionar la urbanización por faltar ese 10%. Los vecinos sostienen que, por tanto, el ayuntamiento siempre supo que la obra no estaba recepcionada y aún así entregó otras licencias hace años.

Sin casa y sin poder vender

El 27 de marzo de este año, Ulises Bendala —uno de los afectados— registró una queja formal ante el Parlamento solicitando su intervención. Según relata, su familia compró la parcela confiando en que podrían construir sin tardar demasiado, ya que otro vecino, en una parcela contigua, había recibido una licencia de obra mayor apenas un año después de solicitarla. Era suelo urbano consolidado, con todos los servicios y con informes urbanísticos favorables. Todo indicaba que no habría complicaciones. Sin embargo, llevan cuatro años y medio atascados, viviendo en un piso pequeño.

Además, hay más propietarios en la misma situación. Francisco, por ejemplo, solicitó su licencia al mismo tiempo que el vecino mencionado en el párrafo anterior que logró construir en 2018, pero más de siete años después sigue esperando una respuesta. José Antonio, otro afectado, lleva tres años y medio intentando obtener su permiso y, tras acudir al Comisionado de Transparencia y al Diputado del Común, asegura que por parte del ayuntamiento “no se está trabajando en ninguna solución” porque pasan los meses sin que nadie le informe ni se haga responsable.

Ulises narra que tanto él como otros afectados han intentado vender sus parcelas “avisando de que hay un problema”, pero les es imposible porque nadie quiere comprar un terreno inservible en términos jurídicos y sin visos de desbloqueo.

El ayuntamiento se contradice

Según narra, las contradicciones internas entre los servicios jurídicos y técnicos del ayuntamiento y las presiones desde el grupo de Gobierno para que se desbloqueen las licencias han provocado la renuncia de dos juristas municipales: Y.G.N., quien inicialmente firmó una licencia favorable para construir una farmacia en el mismo polígono y más tarde se aferró al argumento de la falta de recepción; y S.G., quien firmó el informe jurídico desfavorable y también dimitió tras negarse a desbloquear la situación por miedo a conceder licencias sin estar la urbanización recepcionada.

Según trabajadores del consistorio, ahora mismo no hay jurista asignado a estos expedientes. Según asegura Ulises, el jefe del Servicio de Disciplina Urbanística que firmó el informe técnico complementario favorable les ha transmitido a los vecinos en varias ocasiones que siente “vergüenza ajena” del trato que están recibiendo y los ha animado a acudir a los tribunales para reclamar responsabilidad patrimonial por las dilaciones indebidas en la tramitación de sus expedientes.

También explica que los propietarios afectados han llegado a plantearse denunciar al Ayuntamiento de Arona por prevaricación por omisión, pero “no quieren echarse más piedras encima”.

Cuarenta años de problema

Pero vayamos por partes. La historia arranca hace más de cuatro décadas. El Plan Parcial El Cho‑2 se aprobó definitivamente el 13 de febrero de 1976. Cuatro años después, el 13 de agosto de 1980, Cañadablanca S.A. vendió a Gestur Tenerife S.A. una finca de 96.500 metros cuadrados “que se corresponde con el Polígono 2‑A (1ª Fase)”. El Pleno municipal del 25 de mayo de 1985 dio luz verde inicial al proyecto de urbanización, pero lo condicionó a un proyecto de compensación y a la cesión del 10 % del aprovechamiento al ayuntamiento.

Algo que nunca ocurrió, pues Gestur no compensó al consistorio con ese porcentaje y respondió el 18 de septiembre de 1985 que entendía el proyecto aprobado “por silencio administrativo”. El 19 de marzo de 1986 se firmó el contrato de obras; el 1 de noviembre se certificó su finalización y, el 4 de diciembre de 1986, la empresa registró la solicitud de “entrega de la urbanización (…) la cual nunca ha sido respondida”, según consta en el expediente.

El relato remitido al Diputado del Común por los afectados resume que, pese a aquella petición, “no se recepcionó la urbanización (…) ni se ha impulsado ninguna solución”.

Gestión de facto de la urbanización

Un informe técnico municipal de 2024 que pretendía dar la razón a los vecinos enumera contratos de limpieza, pavimentación y alumbrado desde 2009 y licencias en calles como Bajío, Saloma, Salicaria o Baderna. Concluye que “la realidad consolidada es la propia de una urbanización pública, aceptada y mantenida por el ayuntamiento”. En un escrito colectivo del 20 de marzo de 2024, los vecinos listan licencias concedidas entre 2009 y 2019 y otras aún pendientes en años más recientes, como evidencia, afirman, de un trato desigual.

Entre esas licencias sin resolver figuran la de Ulises, expediente que sigue sin respuesta y al que el afectado ni siquiera ha podido tener acceso.

Actitud obstruccionista

En noviembre de 2023, el Diputado del Común pidió al ayuntamiento un informe sobre las quejas y se reiteró en hasta tres requerimientos previos, lanzando una “advertencia” explícita: si Arona no respondía, declararía la actitud municipal “obstruccionista” y la elevaría al Parlamento.

El 2 de julio de 2024, un técnico municipal reiteró que la urbanización estaba en uso y servicio por parte del ayuntamiento, recomendando reconocer la recepción tácita de la obra. El 1 de octubre de 2024, la jefa jurídica sostuvo lo contrario: “El proyecto de urbanización carece de aprobación definitiva” porque no consta el proyecto de compensación.

Nadie quiere firmar

La jefatura de la Sección Jurídica del Ayuntamiento de Arona concluyó que “no se pueden otorgar licencias de edificación”, calificó el incumplimiento como “no subsanable” y reconoció “una contradicción” con los informes técnicos que recomendaban la recepción tácita, por lo que propuso elevar consulta a la Secretaría General del consistorio. El bloqueo, sin embargo, tampoco se deshizo porque el Ayuntamiento de Arona alegaba que, para reconocer la recepción de la obra, tendría que aparecer el documento original de los años 80 donde Gestur pedía formalmente su recepción.

"La secretaria no quiere firmar ese informe porque no está recepcionado, pero la misma secretaria lleva años firmando dentro de los presupuestos del ayuntamiento que se destine dinero a esas calles como si estuvieran ya en el inventario municipal y estuvieran recepcionadas", lamenta Ulises. Los vecinos han pedido información sobre ese inventario, pero solo se les ha dicho que las calles están registradas, sin aclarar cómo es posible si no se ha recepcionado la urbanización.

Un dictamen técnico jurídico

Ante el miedo de los juristas municipales a firmar un informe favorable, Ulises y otros propietarios contactaron con un catedrático de Derecho Urbanístico de la Universidad de Alicante, quien les ofreció elaborar un dictamen técnico‑jurídico justificando razonadamente la recepción tácita de la obra. La idea era respaldar a los técnicos y juristas municipales para que pudieran conceder las licencias sin temor a ser impugnados.

El ayuntamiento no aceptó este dictamen, pero anunció que encargaría uno a la Universidad de La Laguna. En una reunión celebrada el 18 de abril de 2024 con más de 30 vecinos, la alcaldesa y el entonces concejal de Urbanismo, Luis García, se comprometieron públicamente a buscar una solución y se atribuyeron la iniciativa del dictamen, según relata Ulises, que pidió por escrito el 7 de mayo que ese informe fuera completo, analizando tanto las licencias pendientes como las ya otorgadas, bajo criterios de igualdad y proporcionalidad.

El encargo se formalizó, el catedrático Francisco Villar Rojas lo elaboró y, en octubre de 2024, el ayuntamiento ya tenía el dictamen, como confirmó a los vecinos el propio Luis García por correo electrónico, según explica Ulises. Sin embargo, la alcaldesa "dejó de atender a los vecinos" y el documento no fue incorporado al expediente ni facilitado a los interesados, denuncia.

Tres opciones no aplicadas

Según averiguaciones realizadas por los propios afectados, el dictamen de Villar Rojas establece al menos tres vías jurídicas para desbloquear el problema y conceder licencias. Aun así, no se ha aplicado porque el jurista municipal se negó a firmar la documentación necesaria antes de dimitir, alegando que él no había solicitado el informe ni había planteado las preguntas. Poco después, renunció a su plaza. El concejal de Urbanismo prometió que asumiría esa firma, pero no se ha vuelto a saber nada. Los vecinos han terminado solicitando el dictamen directamente a la Universidad y han presentado nuevas reclamaciones al Comisionado de Transparencia y al Diputado del Común.

Mientras tanto, Ulises denuncia que Gestur se ha constituido como “medio propio” del ayuntamiento para impulsar otros proyectos. “Para arreglar con Gestur lo que ellos no pueden hacer, no hay problema, lo incluyen como medio propio y Gestur les lleva a los temas que les interesan. Para arreglar un problema de hace 40 años de cuatro vecinos, que le den por saco”, concluye.