El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha vuelto a fallar en contra del Cabildo de Tenerife en uno de los procedimientos relacionados con el circuito del motor. En una sentencia fechada el 10 de junio de 2026, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado el recurso de apelación presentado por la corporación insular y ha confirmado la caducidad de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de adaptación del Parque Internacional del Motor de Tenerife al plan de defensas contra avenidas.
Se trata de la segunda resolución del alto tribunal canario que ratifica la pérdida de vigencia de la DIA de 2011, después de que el pasado mes de abril el TSJC llegara a la misma conclusión en relación con el proyecto de explanaciones e instalaciones para graderíos desmontables del complejo.
La nueva sentencia supone un nuevo revés judicial para el proyecto y refuerza la tesis sostenida por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), que ha venido impugnando distintos proyectos vinculados al Circuito del Motor. Según la organización ecologista, con esta resolución ya son cinco las sentencias contrarias al proyecto: tres dictadas en primera instancia y dos confirmadas posteriormente por el TSJC.
Una DIA caducada
El núcleo de la controversia sigue situada en la vigencia de la Declaración de Impacto Ambiental aprobada en 2011 para el Centro Insular del Motor. Dicho documento establecía expresamente que perdería su validez si las obras no se iniciaban en un plazo de cinco años desde su notificación.
El Cabildo sostuvo durante el procedimiento que ese requisito se había cumplido mediante un acta de replanteo firmada el 23 de agosto de 2016, pocos días antes de que expirara el plazo. Sin embargo, los tribunales han venido rechazando ese argumento al considerar que no existió un inicio real y efectivo de las obras.
Entre los elementos valorados por la Justicia figuran documentos técnicos de la propia institución insular que, en noviembre de 2022, reflejaban un grado de ejecución del proyecto del 0%, así como informes internos que ya en julio de 2017 proponían resolver el contrato debido al "evidente estado de abandono de la obra".
Para ATAN, estos antecedentes evidencian que no hubo una ejecución material que permitiera mantener vigente la evaluación ambiental original y que, por tanto, cualquier actuación posterior debería haberse sometido a una nueva evaluación adaptada a la normativa y a las condiciones ambientales actuales.
Petición de paralización
Tras conocerse el fallo, la asociación ecologista anunció que solicitará al TSJC la paralización cautelar de cualquier actuación relacionada con el circuito del motor y reclamará además la restauración de los terrenos afectados para devolverlos a su estado anterior.
La organización considera que la acumulación de resoluciones judiciales deja al proyecto sin cobertura legal ni ambiental suficiente para continuar adelante. En este sentido, instó al Cabildo de Tenerife y a su presidenta, Rosa Dávila, a ordenar la paralización inmediata e incondicional de todas las actuaciones vinculadas al complejo.
ATAN también criticó lo que considera una contradicción en la posición de la presidenta insular respecto a la protección ambiental, al recordar su oposición a otros proyectos de desarrollo en la isla mientras mantiene la defensa jurídica del Circuito del Motor.
Un conflicto aún abierto
La sentencia conocida ahora llega apenas dos meses después de que el TSJC confirmara la nulidad de otro de los proyectos asociados al complejo, relativo a las explanaciones e instalaciones para graderíos desmontables. En aquella resolución, dictada el 15 de abril de 2026, la Sala concluyó igualmente que la DIA de 2011 había caducado al no haberse producido un inicio efectivo de las obras dentro del plazo legalmente establecido.
Aunque el nuevo fallo no es firme y puede ser recurrido en casación ante el Tribunal Supremo, la resolución refuerza la línea jurisprudencial que se ha consolidado en los distintos procedimientos abiertos sobre el Centro Insular del Motor.
La decisión que adopte ahora el Cabildo será clave para el futuro del proyecto, que acumula ya cinco sentencias desfavorables y cuya viabilidad jurídica queda cada vez más cuestionada por los tribunales.