Más de 30.000 trabajadores en Canarias siguen esperando una salida anticipada del mercado laboral, mientras la Seguridad Social retrasa la aprobación del nuevo reglamento de coeficientes reductores pactado hace ya más de medio año. El acuerdo, alcanzado en verano de 2023 entre el Ministerio que dirige Elma Saiz, los sindicatos y la patronal, buscaba ampliar el acceso a la jubilación anticipada para profesiones de especial dureza física o emocional.
El convenio establece que un grupo de profesiones, debido a su naturaleza penosa, peligrosa o insalubre, puede acceder a la jubilación anticipada sin penalización económica, incluso con el 100% de la pensión desde los 52 años —como es el caso de los minero—. Sin embargo, la medida continúa encallada, generando malestar creciente en sectores esenciales para la economía canaria.
Diferentes sectores
En el caso de las Islas, el impacto del retraso es profundo. El turismo, principal motor económico del Archipiélago, depende en gran medida del trabajo invisible de las camareras de piso. Más de 13.000 mujeres —según cifras sindicales— ejercen esta labor con una elevada carga física, jornadas extenuantes y una incidencia alarmante de enfermedades musculares y óseas. La posibilidad de retirarse antes sin penalización es, para muchas de ellas, la única salida digna tras décadas dejando su salud en el tajo.
El transporte terrestre, tanto de pasajeros como de mercancías, suma también miles de empleos en Canarias que se desarrollan bajo condiciones exigentes: turnos rotativos, largos desplazamientos, presión laboral y envejecimiento del personal. En la misma línea, el sector de la construcción —con unos 44.000 empleados en las islas— presenta un alto índice de trabajadores de más de 55 años que, tras toda una vida en obra, reclaman acogerse a un sistema que reconozca el desgaste acumulado.
Decepción e indignación
El ámbito sociosanitario no se queda atrás. El personal que cuida de mayores y dependientes, mayoritariamente mujeres con contratos precarios y expuestas al deterioro físico y emocional, también esperaba que este reglamento llegara como una solución justa para retirarse antes de la edad legal.
En todos estos colectivos, el sentimiento es común: decepción, agotamiento e indignación. Plataformas de trabajadores, sindicatos y organizaciones sociales han levantado la voz en las últimas semanas exigiendo que el reglamento no se demore más. “No pedimos un favor, pedimos justicia”, aseguran. El Gobierno central, por su parte, no ha ofrecido una fecha clara para la aprobación definitiva de este reglamento.