La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP), Beatriz Calzada, ha defendido la viabilidad de la Fundación Puertos de Las Palmas tras el Consejo de Administración celebrado este jueves en la sede de la institución.

Todo el protagonismo de la sesión se lo llevó la demoledora auditoría interna realizada por Puertos del Estado sobre la designación y la gestión de la gerente, Betsabé Morales, a quien Calzada, que es también presidenta de la Fundación, defendió a capa y espada en la rueda prensa posterior a la celebración del consejo.

Según las fuentes consultadas, fue una sesión dura e intensa, en la que los representantes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y del Cabildo exigieron a Calzada explicaciones sobre las numerosas anomalías detectadas por los auditores, entre ellas la contratación de Betsabé Morales. 

Vínculos políticos

La propuesta de contratación la hizo Calzada a los dos días de despedir e indemnizar con 125.000 euros a la anterior gerente. Fue una adjudicación directa, sin concurso público, omitiendo las autorizaciones y las consultas preceptivas de Hacienda y de la Abogacía del Estado, según recoge la auditoría.

Betsabé Morales es miembro de Coalición Canaria (CC), partido al que pertenece Calzada, y trabajó hasta marzo de 2025 en el Gobierno de Canarias, con el consejero Pablo Rodríguez, de la misma formación y vocal del puerto. De ahí los duros reproches del resto de fuerzas políticas al conocer la ilegalidad de esta designación.

El nombramiento también fue cuestionado por la Abogacía del Estado, que coincidió en líneas generales con la gravedad de las conclusiones del informe.

Desatado

El más incisivo fue el vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, que leyó a la presidenta todas las anomalías, desde la contratación de la gerente hasta el abuso de contratos menores y patrocinios ajenos a los fines de la Fundación, lo que evidencia un aumento del gasto en promociones no relacionadas con la actividad portuaria.

La intervención de Hidalgo, del PSOE, fue larga porque la auditoría tiene una treintena de páginas y el consejero leyó todas las incidencias. En pocos meses se han detectado 29 contratos menores, y muchos rozan los 15.000 euros, un indicio del posible fraccionamiento de servicios para adjudicárselos a personas afines, como Marcial J. Rodríguez de León, también de CC, quien, además, realizaba labores administrativas distintas a las recogidas en su contratación mercantil.

Igualmente insistieron en la gravedad de la situación el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, de Nueva Canarias, y la alcaldesa de Las Palmas, Carolina Darias, del PSOE. Ambos dirigentes, en sesiones anteriores, se quejaron del uso partidista de la Fundación. De ahí la relevancia de las anomalías señaladas por Puertos del Estado, sobre todo a un año de las elecciones.

Recorrido penal

No sería la primera vez que un informe de esta naturaleza acaba en los juzgados o en la Fiscalía, como sucedió en la primera etapa de Luis Ibarra con la ampliación del dique de La Esfinge. Calzada, en cualquier caso, aclaró que "no estamos en ese momento". Lo dijo tras el Consejo de Administración, descartando que la Abogacía del Estado diera o hiciera indicaciones en ese sentido.

La presidenta no sólo defiende la gestión de la gerente, sino que rechaza la liquidación inmediata de la entidad, que es la recomendación de los auditores, y aboga por la coordinación con Puertos del Estado para evaluar las medidas de corrección que se han comenzado a implementar.

Plan a seguir

Calzada sostiene que el principal escollo que bloquea la privatización de la Fundación para poder salvarla es un criterio contable. El valor de 2,3 millones de euros que el Estado computa como parte pública de la entidad está ligado al edificio de la sede, cuya concesión administrativa finaliza en abril de 2028. Una vez que el inmueble revierta a la Autoridad Portuaria, el valor patrimonial de adscripción pública desaparecerá y los patronos podrán completar la transformación sin pagar esa millonada.

"A día de hoy, solo con las aportaciones que se están recibiendo por parte de patronos y colaboradores, la Fundación perdería automáticamente esa condición de sector público en 2028 porque no recibe ni un solo euro del Estado", argumenta la presidenta, que de esa manera justifica la decisión de dar una oportunidad al organismo hasta que expire la concesión.

Calzada destaca el incremento en la captación de recursos privados, detallando que las cuotas y aportaciones de colaboradores han pasado de 130.000 euros a más de 250.000 euros anuales debido a la reactivación de su actividad.

Coordinación con el Estado

Respecto a las numerosas anomalías detectadas en materia de personal, contratos menores y patrocinios, la Fundación mantendrá una reunión técnica con Puertos del Estado para concretar qué aspectos quedan aclarados y cuáles requieren correcciones adicionales.

La presidenta resta dramatismo a los hallazgos de los auditores, pues estos informes contienen en ocasiones "meros apuntes" o discrepancias de criterio habituales en la administración pública, aseguró en la comparecencia de prensa.

Gerente

Al ser interpelada por las irregularidades en la designación directa de la gerente y los errores detectadas en sus nóminas, Calzada defendió que se ha utilizado el mismo sistema de contratación directa empleado con todos los gerentes anteriores de la Fundación (la gerente indemnizada con 125.000 euros estaba realmente en funciones tras la salida de Sergio Galván).

Asimismo rechazó que la Autoridad Portuaria realice abonos complementarios al sueldo de la gerencia, calificando dicha posibilidad de "absolutamente falsa".

Contratos menores

Calzada sí admitió que la Fundación se ha visto obligada a recurrir temporalmente a contratos menores debido a la falta de plantilla y al bloqueo en la actualización de la masa salarial exigida por el Ministerio de Hacienda. Esta situación administrativa asegura que ha sido remitida para su convalidación de cara a los presupuestos de 2025 y 2026.

La presidenta aclara que la Fundación está tramitando pliegos de contratación públicos para sustituir de manera progresiva los contratos menores por adjudicaciones formales reguladas.