El océano no entiende de burocracias. El estudio, “Retos de gobernanza para la adaptación a la subida del nivel del mar en Canarias: un enfoque multinivel”, publicado en septiembre de 2025 en la revista Ocean and Society, pone cifras y nombres a un futuro que ya se acerca.
Según sus proyecciones, el nivel del mar podría subir 18 centímetros en 2050, con consecuencias devastadoras: playas que desaparecen, dunas erosionadas, barrios inundados e infraestructuras críticas bajo amenaza. El impacto económico es demoledor: hasta 4.500 millones de euros anuales, casi un 10% del PIB canario, podrían perderse
Los investigadores del Instituto de Oceanografía y Cambio Global (ULPGC) y la Universidad de Portsmouth lo dejan claro: el archipiélago podría perder entre el 29,5% y el 45% de sus playas turísticas. Eso significa más de 150 arenales menos en apenas dos décadas.
El golpe no es solo ambiental. Las playas son el motor económico del turismo de sol y playa, y su reducción drástica convertiría el paisaje de postal en un recuerdo caro de mantener.
Una política a destiempo
El informe no señala solo al mar: también apunta a la política fragmentada que reina en Canarias. Europa dicta sus normas, España las adapta, el Gobierno canario legisla, los cabildos ordenan y los ayuntamientos gestionan. Pero todo avanza en carriles paralelos, con tiempos distintos y poca coordinación real.
En palabras del estudio, la adaptación al cambio climático se enfrenta a “instrumentos que llegan tarde respecto a la velocidad de la emergencia climática”
46.000 personas en riesgo
El impacto humano también es alarmante. El informe estima que más de 46.000 personas podrían verse afectadas por inundaciones costeras, la mitad de ellas de forma directa. Las infraestructuras críticas tampoco escapan: 127 instalaciones esenciales aparecen en los mapas de riesgo, entre ellas hospitales, aeropuertos, depuradoras y carreteras. Gran Canaria es la isla más expuesta.
La pérdida de playas, sumada al retroceso de ecosistemas costeros como humedales y praderas marinas, tendría un impacto demoledor en el turismo. Los cálculos hablan de hasta 4.500 millones de euros anuales, lo que equivale a casi una décima parte de la economía canaria.
El informe advierte: sin un giro en el modelo productivo, el archipiélago no podría absorber semejante golpe.
El puzzle de las leyes
El estudio revisa la maraña normativa que regula el litoral: desde la Ley estatal de Costas de 1988, con su reforma de 2013, hasta la Ley canaria de Cambio Climático y Transición Energética de 2022 y los planes insulares de ordenación (PIOs).
El resultado es un entramado complejo y disperso que genera vacíos competenciales y choques entre administraciones. Muchos PGOUs municipales ni siquiera han incorporado las proyecciones de subida del mar, lo que bloquea medidas urgentes como vetar nuevas construcciones en primera línea de costa.
Lo que falta por hacer
El informe es claro: hay que pasar de las palabras a los hechos. Reclama activar de inmediato la Oficina de Acción Climática y la Red Canaria de Acción Climática, previstas en la Ley autonómica de 2022 pero todavía sin funcionar. Además, propone crear comités insulares de adaptación y un Observatorio Costero de Canarias para monitorizar el litoral y dar transparencia a los datos.
Los autores también insisten en digitalizar la administración y reforzarla con personal especializado, para que la burocracia no se convierta en la primera barrera de defensa frente al cambio climático.
Canarias como laboratorio global
El trabajo, financiado por el programa europeo Horizonte Europa, mira más allá del archipiélago. Plantea que Canarias se convierta en un laboratorio global de gobernanza climática, un referente para otros territorios insulares dependientes del turismo y con gran densidad costera.
La advertencia final es contundente: si Canarias no coordina su acción, el mar no esperará. La subida del nivel del mar no entiende de plazos administrativos ni de competencias cruzadas. Y lo que está en juego no son solo playas: es el modelo de vida de todo un archipiélago.