La detención de David Merino Quintana en Dubái no responde, al menos por ahora, a la petición de extradición cursada desde España por la Audiencia Nacional dentro de la investigación del caso FX Winning. Según fuentes emiratíes consultadas por Atlántico Hoy, el empresario grancanario fue arrestado el pasado lunes en un centro comercial de la ciudad por una reclamación civil vinculada a una deuda millonaria reconocida por la justicia de Estados Unidos.
La información supone un giro relevante respecto a la interpretación inicial de los acontecimientos. Aunque Merino es uno de los principales investigados por la presunta macroestafa internacional de FX Winning y sobre él pesa una orden internacional de detención emitida por la Audiencia Nacional, la causa que actualmente determina su situación penitenciaria Emiratos Árabes Unidos sería completamente distinta.
Fiscalía local
Las fuentes consultadas señalan que la justicia norteamericana dictó en su día una sentencia de reclamación económica contra el empresario y que ese procedimiento fue posteriormente impulsado en Emiratos Árabes Unidos a través de un abogado contratado para ejecutar dicha resolución.
Como consecuencia de esa actuación, las autoridades emiratíes habrían activado el procedimiento que desembocó en la detención de Merino y en su posterior puesta a disposición de la Fiscalía local.
Escenario inesperado
La novedad altera significativamente el escenario judicial que rodea al fundador de FX Winning, que permanece detenido en la cárcel de Al Awir.
Hasta ahora, la atención estaba centrada en la posibilidad de que la detención hubiera sido consecuencia directa de la reclamación formulada por la Audiencia Nacional española. Sin embargo, las fuentes consultadas sostienen que el expediente que actualmente figura activo en Emiratos corresponde a la ejecución de una resolución civil procedente de Estados Unidos.
Eso no significa que la orden internacional relacionada con FX Winning haya desaparecido o haya perdido vigencia. Tampoco implica que España haya renunciado a reclamarlo.
Lo que ocurre es que el procedimiento que ha provocado su ingreso en prisión sería otro distinto y, por tanto, la eventual extradición solicitada por las autoridades españolas quedaría supeditada a la evolución de esta causa previa.
La extradición deberá esperar
Expertos consultados sobre el funcionamiento del sistema judicial emiratí explican que este tipo de procedimientos pueden prolongarse durante largos periodos de tiempo.
Las fuentes consultadas sitúan el horizonte temporal del litigio abierto actualmente en un plazo que podría alcanzar incluso los cuatro años antes de quedar completamente resuelto.
Mientras ese procedimiento permanezca abierto y pendiente de cumplimiento, la reclamación española quedaría en un segundo plano.
La consecuencia práctica es que la Audiencia Nacional podría verse obligada a esperar antes de poder activar plenamente cualquier proceso de entrega del empresario canario a España.
En términos jurídicos, la existencia de una orden internacional de detención no garantiza una extradición inmediata cuando la persona reclamada mantiene otros procedimientos activos en la jurisdicción donde ha sido localizada.
Ante la Fiscalía sin abogado
Las mismas fuentes aseguran que Merino ya ha comparecido ante la Fiscalía competente en Emiratos Árabes Unidos.
Hasta el momento no habría solicitado asistencia jurídica de oficio y tampoco contaría con un abogado designado para asumir su defensa dentro del procedimiento actualmente abierto.
Según las fuentes consultadas, la falta de recursos económicos estaría dificultando la contratación de representación legal privada para afrontar el caso.
Ese elemento añade incertidumbre a una situación procesal ya compleja y que podría marcar el futuro inmediato del empresario grancanario.
Pieza clave del caso FX Winning
La situación de Merino continúa siendo uno de los asuntos más sensibles dentro de la investigación sobre FX Winning.
La Unidad Central Operativa (UCO) considera al empresario una de las figuras centrales de la estructura investigada por la Audiencia Nacional. Los investigadores atribuyen a la presunta trama un fraude superior a los 460 millones de euros y calculan que pudo afectar a miles de inversores repartidos por una treintena de países.