Choque de cifras y estructura: ¿subirá de categoría el Puerto de Las Palmas?

La Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) reclamó en junio de 2024 subir de categoría para aumentar su plantilla de directivos y gestionar sus puertos con mayor eficiencia, pero la petición formulada por Beatriz Calzada sigue sin concretarse. Antes lo intentó Luis Ibarra varias veces, pero se chocó contra el muro de Hacienda y unas normas de asignación de recursos antiguas, las cuales nada tienen que ver con la actividad real y actual de los puertos.

Es más, el presidente de Puertos del Estado, Gustavo Santana, ha explicado recientemente que Las Palmas no puede subir al Grupo 1 hasta que complete sus puestos directivos, dando a entender la existencia de una carencia importante en la gestión de su estructura organizativa, pues sólo la mitad de las plazas están ocupadas de manera fija.

Visiones diferentes

Calzada, sin embargo, desmiente a Santana: asegura que los puestos directivos sí están cubiertos y califica de "error" la interpretación realizada por Puertos del Estado.

¿Pero dónde está el fallo? Lo aclara el Comité de Empresa, que coincide con la interpretación de Gustavo Santana: las plazas a las que se refiere Puertos del Estado están ocupadas de manera provisional, no definitiva, mediante el mecanismo de la movilidad funcional, es decir, trasladando a los empleados entre departamentos o categorías por necesidades organizativas, sin cumplir con los principios de igualdad, mérito y capacidad a través de oposiciones, concursos-oposición o concursos de méritos, explican desde el organismo de los trabajadores.

Un organigrama al límite

Calzada, además, aclara que la oferta de los 32 puestos no afecta al conjunto global del personal del puerto, sino exclusivamente a la estructura directiva y de mandos.

Actualmente, del total de cargos directivos previstos en la propuesta de organigrama elevada a Puertos del Estado, 30 están plenamente ocupados —combinando plazas fijas adjudicadas con asignaciones temporales en tramitación— y solo dos permanecen vacantes por reestructuración de áreas.

A juicio de la APLP, el problema no son las asignaciones temporales, sino que esa estructura resulta insuficiente para dar respuesta a la carga de trabajo real. "Tener la plantilla directiva limitada a 30 puestos provoca que la gente esté saturada. No pueden más porque se les va cargando de trabajo y el personal se ve muy limitado para atender adecuadamente las necesidades operativas e institucionales", explica Calzada.

Dilema estructural

Mientras Puertos del Estado supedita la subida de categoría a que el puerto complete su estructura organizativa con todas las garantías, la APLP defiende que necesita ser reconocido en el Grupo 1 para poder dotarse legalmente de la estructura directiva que demanda. Es la primera división del sistema portuario nacional, donde juegan Algeciras, Barcelona, Valencia y Bilbao. 

Calzada, para ilustrar la situación, compara a Las Palmas con otros recintos portuarios integrados en el Grupo 2. Por ejemplo, Baleares y Tarragona cuentan con 36 y 37 cargos directivos, respectivamente.

"No parece de recibo que un puerto con el volumen y la complejidad de Las Palmas tenga una restricción fijada en 32 puestos", argumenta la presidenta, sobre todo porque la APLP no gestiona un único recinto, sino cinco puertos repartidos en tres islas distintas (Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura), lo que acarrea un esfuerzo logístico e institucional multiplicado.

Músculo operativo y estadística

Para Calzada, el criterio que debe prevalecer es el del volumen de tráfico y la capacidad de ejecución, aspectos en los que Las Palmas se consolida como un referente del sistema portuario español: ocupa la cuarta posición por tráfico de mercancías, habiendo superado a puertos que ya forman parte del Grupo 1, como Bilbao.

La presidenta concede que estar en el Grupo 1 o 2 no frena la capacidad técnica ni la ejecución de obras estratégicas, como la ampliación del muelle comercial de Puerto del Rosario por 40 millones o las actuaciones en Arrecife, pero advierte de que el crecimiento empresarial e industrial no puede sostenerse indefinidamente sin reforzar la cúspide administrativa.

Un frente institucional abierto

A pesar de la rigidez mostrada por el organismo central, Calzada no da la batalla por perdida e insiste en subir de categoría. El proceso requiere el visto bueno no solo de Puertos del Estado, sino también del Ministerio de Transportes y del Ministerio de Hacienda, lo que añade una elevada complejidad burocrática.

Porque un equipo de primera división no puede ser gestionado con recursos de segunda división, insiste la APLP, que mantendrá la presión institucional para revertir una situación que consideran injusta y discriminatoria en comparación con el resto del sistema portuario español.