La Sección Sindical de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP) ha elevado un escrito al Consejo de Administración en el que solicita la revocación inmediata de las competencias en materia de Recursos Humanos delegadas en la Presidencia, así como la realización urgente de una auditoría externa e independiente que fiscalice de forma integral la gestión de personal.
El sindicato denuncia la existencia de un "auténtico caos organizativo" y acusa a la dirección de incurrir en una "improvisación permanente" caracterizada por cambios constantes e ineficaces en la plantilla.
Según sostiene CSIF, la gestión actual se ha traducido en una "insuficiente capacidad de impulso y resolución" que afecta de manera directa a los trabajadores y al correcto desarrollo de los servicios públicos.
Clima tóxico e incumplimiento
Entre los motivos expuestos para justificar la intervención del Consejo de Administración, la representación sindical señala la persistencia de un "clima tóxico" en las relaciones laborales, apoyándose en las conclusiones de un reciente informe elaborado por el propio Comité de Seguridad y Salud de la entidad.
En el mes de mayo, otro sindicato, CCOO, también aludió a ese informe de Seguridad y Salud para pedir medidas, en concreto que se apartase a la responsable de Recursos Humanos. También un grupo de exdirectivos han remitido escritos a la entidad en los que cuestionan la gestión de personal y determinados nombramientos, sin olvidar las quejas recurrentes del Comité de Empresa sobre los incumplimientos del convenio colectivo, entre otros asuntos.
Más presión
Ahora es CSIF quien da un paso más y pide la intervención del máximo órgano de gobierno de la entidad. El sindicato acusa a la dirección de la APLP de mantener una "absoluta falta de voluntad negociadora", acumular "desatinos organizativos" y cometer reiterados incumplimientos del III Convenio Colectivo de Puertos del Estado.
Como ejemplo del deterioro organizativo y de las fricciones institucionales, la central sindical apunta a los desacuerdos que afectan a las funciones desempeñadas en relación con otros cuerpos, citando expresamente los problemas generados con la Policía Local de Arrecife.
Investigación y responsabilidades
Amparándose en el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, CSIF recuerda que la delegación de facultades en la Presidencia no exime al Consejo de Administración de su deber de supervisión. De ahí que soliciten formalmente incluir en la próxima sesión un punto específico en el orden del día para evaluar la situación de los Recursos Humanos.
Entre la batería de medidas reclamadas por el sindicato destaca la revocación de las competencias de personal delegadas en la Presidencia para que sean reasumidas por el Consejo o sometidas a un control reforzado, así como contratar una auditoría externa integral que examine los procesos de selección y promoción profesional, las designaciones de jefes de departamento y división, el grado de cumplimiento del convenio colectivo, la ejecución de acuerdos con la representación social y la prevención de riesgos psicosociales.
Responsabilidad institucional
En el caso de que la auditoría saque a la luz actuaciones contrarias a la legalidad o deficiencias graves de gestión, la organización sindical aboga por depurar responsabilidades disciplinarias, patrimoniales o contables.
CSIF apela a la responsabilidad de los consejeros para restaurar los principios de legalidad, transparencia, mérito y capacidad, insistiendo en que el máximo órgano rector debe actuar para frenar el deterioro institucional y garantizar un funcionamiento eficaz de las instalaciones portuarias.
Añadir AtlánticoHoy como fuente preferida de Google de forma gratuita
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.