El decreto que obligará a que los proyectos de energía renovable que se instalen en suelo en Canarias reserven obligatoriamente parte de su inversión a los canarios es "inminente". La norma, impulsada por el Gobierno de Canarias obligará a que los proyectos renovables que se instalen en suelo tengan que reservar el 20% de su participación a inversores canarios. Según ha explicado el consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano H. Zapata, el texto ya está trabajado y acordado con la patronal y las empresas del sector y asegura que su aprobación será inminente.
El denominado decreto de participación local en el desarrollo de energías renovables pretende facilitar que los residentes en las islas se beneficien económicamente de las inversiones energéticas en Canarias. Zapata asegura que esta iniciativa responde a una demanda social: los canarios quieren que las inversiones que se realicen en el Archipiélago repercutan también en su economía.
Una inversión obligatoria
La normativa establecerá que todos los proyectos de energías renovables en suelo canario con una potencia superior a 2 megavatios (MW) deberán ofertar, de forma obligatoria, un 20% de su participación a los vecinos del municipio donde se ubique la instalación. Posteriormente, esa oferta se ampliará de forma progresiva a otros ámbitos territoriales.
Aunque el decreto aún no ha entrado en vigor, Zapata ha señalado que ya existen dos proyectos que, de forma voluntaria, han ofrecido ese porcentaje de participación ciudadana en energías renovables. Según el consejero, estas participaciones se agotaron en menos de dos días, lo que demuestra el interés social en este tipo de iniciativas desde su punto de vista.
Inversor por 500 euros
El acceso a estas inversiones será abierto a cualquier residente en Canarias. La participación mínima prevista parte de los 500 euros y contempla un interés económico para los inversores. En los proyectos piloto mencionados por el consejero, la rentabilidad ofrecida alcanzó el 7% de interés, un rendimiento que Zapata calificó como muy atractivo.
El Ejecutivo autonómico defiende que esta medida permitirá que los beneficios generados por la explotación de recursos naturales como el sol y el viento en Canarias permanezcan en el territorio. En este sentido, el consejero ha señalado que el objetivo es acabar con la percepción de que grandes compañías externas aprovechan estos recursos sin que la riqueza generada revierta en la población local.
Uso de la RIC
Además, Zapata ha explicado que trabajan junto al Comisionado del Régimen Económico y Fiscal (REF) para facilitar que la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC) pueda destinarse al desarrollo de proyectos renovables. Existen dos fórmulas principales para canalizar la participación ciudadana: a través de participaciones empresariales o mediante sistemas de crowdfunding energético.
Según ha indicado, existe una alta demanda para que los fondos procedentes de la RIC puedan utilizarse con este fin. Respecto al perfil del inversor, el consejero ha asegurado que no existen restricciones, por lo que cualquier ciudadano canario podrá participar en este tipo de proyectos.
Rechazo de DISA al decreto
Sin embargo, esta iniciativa no ha sido bien recibida por todo el sector energético. La empresa DISA, la compañía con mayor facturación en Canarias, ha advertido que podría abandonar sus proyectos de energías renovables en Canarias si se mantiene la obligación de ofertar ese 20% de participación local.
La compañía considera que esta exigencia podría vulnerar la libertad de empresa, al obligar a los promotores a integrar a terceros en su accionariado, y sostiene que la medida podría ralentizar el desarrollo de proyectos y generar incertidumbre sobre su rentabilidad. Además, la empresa ha alertado de que el decreto podría obligar a revelar información sensible sobre la rentabilidad de los proyectos y ha señalado que, si se mantiene la obligatoriedad, podría paralizar su actividad renovable en el Archipiélago.