La instalación de un buque en el Puerto de Las Palmas que genere energía para Gran Canaria ha sido acogida con incertidumbre por la comunidad portuaria.
Se trata de una medida provisional de emergencia para evitar apagones, que es promovida por el Gobierno de Canarias para paliar el problema energético de la isla hasta que se adjudique el concurso definitivo, pero los operadores portuarios temen la pérdida de línea de atraque.
Poco espacio libre
El contexto actual es de máxima competitividad, con falta de espacio y más actividad que otros años, sobre todo debido a los mercantes derivados del Canal de Suez por la inseguridad en el Mar Rojo, lo cual está generando más tráfico marítimo y de mercancías.
Una planta energética flotante, sin embargo, es la única alternativa que baraja el Ejecutivo para blindar Gran Canaria ante un posible cero energético.
La isla, que consume una media de 400 MW, con picos de 550, necesita otros 138 MW de potencia para cubrir su déficit energético y capear cualquier imprevisto. De ahí que el Gobierno regional, con el respaldo del Estado, apueste por un buque del grupo turco Karadeniz Holding, que está especializado en plantas energéticas flotantes.
Dilema
Este tipo de barcos pueden funcionar fondeados, es decir, parados sobre sí mismos mediante sus sistemas de posicionamiento dinámico, o atracados en un muelle.
Y aquí es donde viene el principal dilema. Capitanía Marítima de Las Palmas ve complicada la operación en fondeo, lo que lleva a buscar espacio dentro del puerto.
Este tipo de barcos suelen tener 200 metros de eslora. Todo ese espacio, más el de la obra para llevar la electricidad al muelle, se perdería para la actividad comercial, mermando de manera indirecta el negocio de los consignatarios, los centros de reparación naval y el resto de operadores portuarios.
Mínimo tres años
La duración de la emergencia energética, esto es, el tiempo que el buque permanecerá en el puerto, tampoco facilita que haya unanimidad sobre la iniciativa.
Las fuentes consultadas explican que el contrato con la empresa turca sería de tres años, con prórrogas anuales hasta que estén listas las nuevas centrales eléctricas de Gran Canaria. Dicho de otra manera: no existe, a día de hoy, una certeza de cuánto durará la emergencia energética, sino una estimación que va de los tres a los cinco años en el mejor de los casos.
Incertidumbre y gas
Los datos técnicos del proyecto fueron explicados este miércoles a los consejeros del puerto por el director general de Energía del Gobierno de Canarias, Alberto Hernández, quienes demandaron más información ante las dudas suscitadas por la iniciativa.
Otra de las preocupaciones es la contaminación que genere el buque al producir energía, sobre todo tras la negativa a la planta de gas, una infraestructura a la que aspiraba el Puerto de Las Palmas y que acaba de ser descartada por los efectos nocivos sobre la población.
Las Palmas de Gran Canaria, en ese sentido, tiene poco margen para soportar industrias de este tipo por la cercanía del puerto a la ciudad y los niveles actuales de contaminación, según los informes emitidos sobre la regasificadora.
El silencio de Calzada
La presidenta de la APLP, Beatriz Calzada, ha rechazado explicar el proyecto, con el argumento de que es una iniciativa del Gobierno de Canarias y, por tanto, no le corresponde al puerto explicarla, una evidencia de que no está cómoda con la propuesta de la administración autonómica.
Tras el chaparrón de la planta de gas, autorizar una central eléctrica que funcione con combustibles fósiles en la bahía es el siguiente desafío portuario, aunque en este caso estaría justificado por la emergencia energética de Gran Canaria.