El Gobierno de Canarias ha puesto fin al proyecto para construir una planta de gas en el Puerto de Las Palmas. La Consejería de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático ha emitido una declaración de impacto ambiental (DIA) desfavorable, concluyendo que la iniciativa de Totisa Holding supondría un riesgo “inaceptable” para la salud pública y la calidad del aire.
El dictamen, de carácter técnico y vinculante, subraya que la instalación prevista podría incrementar de forma significativa los niveles de contaminación en una zona ya saturada, donde los valores de dióxido de nitrógeno y partículas en suspensión superan los límites fijados por la normativa europea. La activación de una nueva fuente emisora, según el documento, habría empeorado la situación medioambiental de la capital grancanaria.
Núcleo urbano
Uno de los aspectos más determinantes ha sido su proximidad al núcleo urbano, situado a poco más de un kilómetro de La Isleta y muy cerca del centro de Las Palmas de Gran Canaria. La dirección predominante de los vientos habría facilitado la dispersión de contaminantes hacia áreas habitadas, con efectos potenciales sobre la salud y la calidad de vida de la población.
El informe de Salud Pública que acompaña la resolución coincide en la advertencia: el funcionamiento de la planta generaría un “impacto permanente” sobre la calidad del aire, con especial riesgo para colectivos vulnerables. Además, señala que el margen de la ciudad para cumplir con los valores máximos de contaminación es mínimo —solo 2,7 microgramos por metro cúbico antes de rebasar el límite legal—, lo que haría inviable cualquier aumento adicional de emisiones.
Siete años de espera
El proyecto, planteado en 2018 y sometido a siete años de tramitación, nunca contó con un consenso amplio. Asociaciones vecinales, colectivos ecologistas y las propias administraciones locales del entorno portuario habían expresado su rechazo desde el principio. Finalmente, el Ejecutivo regional ha decidido cerrar definitivamente la puerta a la planta, considerando que sus costes sociales y ambientales superan cualquier posible beneficio energético.
Con esta decisión, Canarias reafirma su apuesta por una transición energética sin riesgos añadidos, marcando el fin de un proyecto que, de haberse aprobado, habría transformado la fachada portuaria de la capital y comprometido los objetivos de sostenibilidad del Archipiélago.
Controversias judiciales
La empresa Totisa Holdings SA se ha presentado como promotora de proyectos energéticos de gran escala en Canarias, entre ellos la planta de almacenamiento y regasificación de gas licuado rechazada por el Gobierno canario. Su objetivo era abastecer de electricidad a buques e industrias portuarias y reducir el consumo de combustibles tradicionales, aunque el proyecto fue finalmente descartado por su impacto ambiental y sanitario.
El principal responsable de Totisa, Alejandro Peñafiel Salgado, es un empresario de origen ecuatoriano y nacionalidad española con experiencia en el sector financiero y energético. Antes de establecerse en Canarias, trabajó en el ámbito bancario en su país natal. En los últimos años ha estado vinculado a diversas controversias judiciales, tanto por causas relacionadas con su pasado como banquero en Ecuador —fue encarcelado acusado de estafar al Estado y de haberse aprovechado de unos 180 millones de dólares de los 140.000 clientes del Banco de Préstamos— como por procesos abiertos en España, entre ellos una condena por impago de pensiones.