El Cabildo de Lanzarote es una de las dos instituciones que se ha adelantado a la aprobación de la ley de alquiler vacacional y ya ha comenzado a revisar todas las licencias de esta modalidad que se han dado en la isla. En esta labor de inspección, que solo ha abarcado las licencias dadas durante un año, la institución ha retirado hasta 134 licencias, unas viviendas que han pasado a alquiler tradicional.
La ley de alquiler vacacional, que ha comenzado este jueves su tramitación parlamentaria, obligará a los ayuntamientos y cabildos a revisar las más de 50.000 licencias de viviendas vacacionales otorgadas. En realidad, estas instituciones ya podían llevar a cabo esta labor, dado que tienen la competencia urbanística, pero esta ley, una vez se apruebe, les obligará a ello.
La primera inspección
Lanzarote es la primera institución que está revisando todas las licencias de vivienda vacacional. De la primera ronda de revista se han eliminado 134 licencias. Lo han hecho porque los explotadores no han presentado la cédula de habitabilidad y la referencia catastral individualizada.
Así lo ha comunicado el consejero de Ordenación Territorial, Política Territorial, Ordenación Turística y Actividades Clasificadas del Cabildo de Lanzarote, Jesús Machín, en la Comisión de Cabildos celebrada este jueves en el Parlamento de Canarias. Según ha explicado este primer repaso solo abarca las licencias otorgadas entre 2017 y mitad de 2018.
El examen
“En las viviendas que se dan de alta por la sede del Gobierno de Canarias hacemos un exhaustivo examen: damos trámite de audiencia, periodo de subsanación y cuando ya no hay más remedio, damos por imposible seguir con la actividad”, ha explicado. Estas viviendas después tienen que pasar a la oferta de alquiler tradicional, según ha apuntado.
Este se trata del primer trabajo de revisión de las licencias otorgadas. Ya antes se habían retirado licencias por denuncias puntuales de establecimientos no homologados o incluso de vehículos que se ofertaban como vivienda vacacional, pero no de forma conjunta. La siguiente institución que avanza al margen de la ley es el Ayuntamiento de Granadilla, que también trabaja en una normativa para revisar esta modalidad turística.
Trabajo desde lo local
Con la aprobación de la ley, que se prevé para final de año, las instituciones locales van a tener un duro trabajo de revisión de las licencias. La poca capacidad de los consistorios para llevar a cabo esta tarea es una de las principales quejas trasladada por los representantes de los cabildos en la comisión de este jueves.
El propio Machín ha pedido “equilibrio y consideración” a la norma. Equilibrio porque según él en las islas no capitalinas hay muchas familias que tienen alquiler vacacional para costear los estudios de los menores. Y consideración hacia los ayuntamientos porque “muchos no tienen equipo humano para afrontar las competencias que le vienen después de la aprobación de esta ley”.
Peticiones
En la misma línea se expresó la consejera de Ordenación Territorial del Cabildo de Fuerteventura, Nereida Calero, quien pidió a los legisladores que tengan “sensibilidad” con los plazos que se les impornen a las administraciones “porque sabemos el personal con el que cuentan”.
En esas peticiones hechas por los cabildos, el vicepresidente del Cabildo de La Gomera, Adasat Reyes, ha pedido "razonabilidad y racionalidad" y que no se prohíba el alquiler vacacional "estableciendo parámetros de imposible cumplimiento".
Por su parte, el consejero de Planificación Territorial del Cabildo de Tenerife, José Miguel Ruano, ha insistido en la necesidad de aprobar una moratoria a las licencias turísticas desde ya a través de un decreto gubernamental para que no sigan aumentando las licencias de este ámbito.