En noviembre de 2023, cuando la Consejería de Turismo presentaba el proceso participativo de la ley que regulará el alquiler vacacional en Canarias, el director general de Ordenación Turística del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Rodríguez, aseguraba que la ley entraría en vigor el 30 de junio de 2024. La intención entonces era tener lista la regulación en solo ocho meses desde que comenzó el proceso. Sin embargo, tres meses después de la fecha pautada, la norma todavía no ha entrado en trámite parlamentario y desde entonces los pisos han aumentado en cerca de 13.000.
Desde la Consejería de Turismo han admitido a Atlántico Hoy que toda la tramitación se ha retrasado, aunque apuntan que se debe a la ampliación de plazos para que varias instituciones pudieran presentar sus propuestas a la consejería. En el proceso de participación se presentaron más de 5.000 alegaciones al proyecto; cada una tenía que ser respondida y en la medida de lo deseado encajada en la norma.
Aumento paulatino
Sin embargo, de forma paralela al avance de la norma, la inscripción de viviendas vacacionales ha registrado un notable aumento. En el anteproyecto ya avisan de que “entre noviembre de 2022 y el mismo mes de 2023 el número de viviendas vacacionales oficialmente registradas se incrementó en un 25,7%, pasando de 38.603 a 48.541 viviendas vacacionales en todo el ámbito del archipiélago”. Seguidamente pasan a recoger que ya a 25 de marzo de 2024, las viviendas vacacionales inscritas eran 53.938.
En junio, en un foro celebrado por un medio de comunicación se anunció la incorporación de algunos de los reclamos en la norma. Entonces, una nota de prensa de la Consejería de Turismo recogió que el número de viviendas turísticas era de 59.007, lo que se traducía también en 242.685 plazas. Con un aumento de 10.000 pisos turísticos desde el comienzo de la regulación, fue en el Consejo de Gobierno de Canarias del 1 de julio cuando el Ejecutivo regional dio luz verde a la tramitación de la norma por el procedimiento de urgencia.
Este septiembre, el número de viviendas vacacionales inscritas en el Registro General Turístico ya superan las 61.000. Esta cifra supone que desde que comenzó a tramitarse la norma, en noviembre de 2023, el número de pisos turísticos ha aumentado en 13.000 en solo 10 meses. En este contexto de aumento paulatino de explotación de pisos turísticos, ya hay cuatro cabildos los que han solicitado una moratoria en la concesión de licencias turísticas por parte de los ayuntamientos.
Moratoria
“Han sido una auténtica avalancha para los cabildos desde que se anunció la modificación de la Ley”, considera la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila (CC), en declaraciones concedidas a Atlántico Hoy. Esta posición enfrenta directamente con la del Gobierno de Canarias -gobernado por los mismos partidos que en el cabildo insular-, ya que en mayo el propio presidente autonómico, Fernando Clavijo, negaba un efecto llamada, a pesar del aumento de las inscripciones, porque “los ayuntamientos no están dando licencias” y “al final se está ejerciendo una actividad simplemente con una declaración responsable”, según recogió Efe.
Junto a Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, islas gobernadas por partidos que van desde Nueva Canarias y PSOE hasta Coalición Canaria y Partido Popular, han expresado en las últimas semanas la necesidad de la puesta en marcha de una moratoria que limite la adjudicación de licencias para la explotación de los pisos turísticos. Este martes el propio Gobierno se tendrá que pronunciar al respecto de ese supuesto efecto llamada y al respecto de la posibilidad de establecer una moratoria a raíz de una pregunta del diputado de Nueva Canarias, Luis Campos, en el pleno del Parlamento de Canarias.
Según los datos recogidos por la Cátedra de Turismo de la Universidad de La Laguna para la elaboración de la norma, a final de 2023 existían en Canarias había 28.560 propietarios que explotaban 195.994 plazas de alquiler vacacional, sin embargo esa comercialización era desigual ya que la mitad de las plazas era explotada por solo el 21% de los propietarios.