Anfi, tres años de vacío legal en el conflicto que desató las hostilidades entre los Santana Cazorla

La Dirección General de la Costa y el Mar tiene la última palabra sobre Anfi del Mar

X. S.

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Anfi del Mar, una de las partes en disputa dentro del Grupo Santana Cazorla, en el municipio grancanario de Mogán / CEDIDA
Anfi del Mar, una de las partes en disputa dentro del Grupo Santana Cazorla, en el municipio grancanario de Mogán / CEDIDA

La guerra entre los hermanos Manuel y Santiago Santana Cazorla afronta la recta final en uno de sus principales frentes: la batalla por la explotación de las zonas comerciales, deportivas y de ocio del complejo turístico Anfi del Mar, situado en el municipio grancanario de Mogán. Una contienda, que se extiende durante más de doce años y que se encuentra paralizada a la espera de que la Dirección General de la Costa y el Mar designe después de un largo período de silencio administrativo a un nuevo concesionario para la ocupación de este dominio público.

De hecho, esta semana se cumplen tres años de la filtración de la resolución del Tribunal Supremo que, más allá de evidenciar el descrédito judicial de Santiago Santana Cazorla, ha devuelto a los hermanos al origen del enfrentamiento que acabó derivando en el colapso del holding familiar, Grupo Santana Cazorla (GSC): la lucha por la concesión de los 145.000 metros cuadrados de suelo público de Anfi del Mar, que compartieron entre 1989 y 2009 en la sociedad Grupo Anfi, coparticipada con los herederos del empresario noruego Björn Lyng a través de su constructora Hermanos Santana Cazorla.

Después de que la concesión por 20 años a Grupo Anfi caducara en marzo de 2009, Santiago Santana presentó cuatro meses después una primera solicitud al margen de sus socios por mediación de la empresa pantalla Bulti Dior, donde aparecía como administradora única su esposa Francisca Trujillo Dávila. Casi un año después, en mayo de 2010, sus socios en Anfi intentaron reaccionar a este movimiento presentando su propio proyecto. Pero ya era demasiado tarde.
La resolución inicial de Costas, con fecha del 27 de septiembre de 2010, a favor de Bulti Dior, fue el inicio de una batalla legal que arrastra a centenares de afectados: desde los más de 800 empleados de GSC hasta algunos de sus socios indirectos en las empresas que forman parte del entramado Santana Cazorla. 

Tras un primer recurso, el Ministerio de Transición Ecológica acabó otorgando la explotación de Anfi del Mar el 16 de noviembre de 2011 a Santiago Santana. Una concesión, que en enero de 2019 volvió a quedar sin efecto a raíz de la sentencia de la Audiencia Nacional a la que el menor de los Santana Cazorla y su entorno intentaron hacer frente sin éxito. A través de la sociedad Gestiones y Explotaciones Narval, heredera de Bulti Dior y que tenía esta vez como administrador concursal a su hijo Alberto Santana Trujillo, Santiago Santana interpuso un recurso de casación que fue inadmitido por el Supremo.

Regreso a la casilla de salida

A raíz de esta resolución, Costas tendrá que volver a pronunciarse sobre el otorgamiento de una nueva concesión para la explotación de Anfi del Mar a la que vuelven a aspirar los mismos actores sobre el papel que en 2010, pero en un nuevo escenario. Por una parte, Gestiones y Explotaciones Narval recoge el testigo como mercantil heredera de Bulti Dior, mientras que Grupo Anfi repite candidatura con la entidad Anfi del Mar, S.L. que fue originariamente la concesionaria.

Después de más de tres años de espera, la Dirección General de la Costa y el Mar tiene ahora la última palabra. Una decisión que, a tenor de los números, no debería arrojar dudas. Por una parte, la solvencia y más que saneada posición financiera de Anfi; por otra, la más que delicada situación de un Santiago Santana acuciado por las deudas y que, más allá de la matriz de su entramado societario (GSC), ha visto cómo otras seis empresas del grupo han entrado en concurso de acreedores en poco más de un año.

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