La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha avalado la homologación judicial del plan de reestructuración de la Naviera Armas, que peligraba desde hacía un año por la impugnación de los bancos Sabadell, CaixaBank y Santander.
También impugnaron el acuerdo, aunque en paralelo, Acciona, que era acreedor minoritario como estos tres bancos, y la Abogacía del Estado, en tanto que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) había avalado los préstamos de Sabadell, CaixaBank y Santander y el acuerdo iba a causarle el mayor quebranto de su historia.
En diciembre de 2023, a través de dos autos, el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Las Palmas de Gran Canaria homologó el plan de reestructuración del Grupo Armas-Trasmediterránea y redujo su deuda de 483 a 193 millones de euros.
Condenados en costas
La Sala, en sentencia difundida hoy, ha desestimado las impugnaciones presentadas por los tres bancos contra estas resoluciones y ha condenado en costas a los impugnantes.
El plan homologado por el Juzgado, ahora ratificado por la Audiencia, incluye una reducción de la deuda existente (de 483 millones de euros) a través de una capitalización de esta que la deja en 193 millones de euros, y una prórroga del vencimiento hasta diciembre de 2026.
¿Por qué se impugnó?
El desacuerdo de los tres bancos y Acciona con el acuerdo de reestructuración de la naviera se debe a que les vino impuso y perdían todo su pasivo. Los acreedores mayoritarios de Naviera Armas, los fondos de inversión JP Morgan, Barings, Bain Capital y Cheney Capital (que también eran bonistas) acordaron una quita de la deuda que afectaba al 100% del pasivo que la compañía tenía con otros acreedores minoritarios, entre ellos estos tres bancos que le habían prestado cerca de 70 millones.
El acuerdo arrastraba a los acreedores minoritarios porque los otros, al tener más pasivo, tenían mayoría para llegar a un acuerdo de reestructuración.
¿Qué pedía cada acreedor?
Según la sentencia de la Audiencia Provincial, a la que ha tenido acceso Atlántico Hoy, las pretensiones de los bancos eran, principalmente, que se revocase el acuerdo por no cumplir los requisitos establecidos para homologar un plan de reestructuración y, subsidiariamente, que en caso de homologarse no se extendiesen a ellos los términos pactados.
Acciona, por su parte, pedía que se reconociese que el acuerdo no ofrecía una perspectiva razonable de evitar el concurso y asegurar la viabilidad de ANARAFE; que se declarase que la deuda con Acciona no se estaba tratando de manera paritaria respecto a otros créditos de su misma clase y/o de su mismo rango; y que se reconociese que el plan no superaba la prueba del interés superior de los acreedores. De forma subsidiaria, pedía lo mismo que los bancos: que no se extendiese el acuerdo a Acciona en caso de homologarse.
La Abogacía del Estado, en defensa del ICO, pidió que no se extendiese la quita de la deuda al pasivo de Sabadell, CaixaBank y Santander avalado por el Instituto. Todos, además, pedían que se condenase en costas a la naviera.
Familia Armas, su 6% y una supuesta operación acordeón
Acciona justificó en su impugnación (algo que también dijeron los tres bancos españoles) que carecía de sentido que fuesen a sufrir una quita del 100% de la deuda mientras que la familia Armas, gracias al acuerdo, iba a mantener un 6% de las acciones, violando de forma encubierta el orden de prelación.
Esto llevó a Acciona a la conclusión de que no había sido tratada "de forma paritaria" con respecto al resto de créditos de la misma clase: "En concreto, Acciona sufre una quita del 100%, mientras se da un trato de favor a: ciertos bonistas cuya deuda no está cubierta por garantías; los acreedores de los Préstamos Aval ICO; y los Socios Familia Armas. Estos 6 KENDOJ últimos van a recibir un 6% de la sociedad matriz tras culminar el proceso de reestructuración".
Acciona argumentaba que, con esta jugada, se había "orquestado en el plan de reestructuración mediante un operación acordeón, por la que se reduce el capital social de Baía de las Isletas (matriz de Armas), para posteriormente, hacer una ampliación de capital sin derecho de suscripción preferente, y que se suscribe con la capitalización de la deuda de los titulares de los Bonos Senior Garantizados. Posteriormente, el titular del 100% de las participantes, haciendo una liberalidad entregará a parte de la familia Armas, anteriores títulos, un 6% de las participaciones de la clase B. Así, entiende que el plan encubre un pago a los socios de la familia Armas".
La tasación de Abencys en duda
Uno de los argumentos de las impugnaciones que recoge ahora la sentencia fue que el plan de reestructuración "no superaba la prueba del interés superior de los acreedores, que en un hipotético escenario concursal, recibirían un mayor valor en el supuesto de liquidación del Grupo Armas".
Para homologar el acuerdo, se designó a Abencys como tasador para realizar esa prueba de interés superior. La compañía tasó Naviera Armas en entre 279 y 330 millones de euros, mientras que el pasivo de la naviera ascendía a 445,9 millones.
Ni los bancos ni Acciona estuvieron de acuerdo. Los bancos aportaron una valoración de 558 millones realizada por Ayuso Laínez & Monterrey. En paralelo, Acciona efectuó de forma independiente a Santander, Sabadell y Caixabank una tasación diferente elaborada por BDO, que fijó el valor de Armas-Trasmediterránea en 308 millones, aunque sostenía que habría dado más valor en una liquidación concursal a los acreedores -unos 575 millones, aunque calcula que si los barcos de Armas se vendiesen por separado la cifra subiría por encima de los 700 millones- y que, por lo tanto, no se tendría que haber homologado la reestructuración.
¿Armas es rentable?
Además, Acciona aseguraba que "Naviera Armas no es viable". "En concreto no ofrece una perspectiva razonable de evitar el concurso de acreedores del Grupo Armas y asegurar su viabilidad en el corto y medio plazo (art. 654. 4º TRLC). Arrastra problemas estructurales desde 2016, y no han sido las circunstancias puntuales del Covid 19 o la guerra de Ucrania las que han abocado a la naviera a su situación. El Grupo arrastra graves problemas de liquidez que fueron patentes en abril de 2023, colocándose nuevamente en situación concursal", abundaba.
Acciona argumentó que el informe Abencys insistía en el "carácter coyuntural y transitorio de los problemas experimentados por el Grupo Armas, sin embargo no es cierto"."En realidad se limita a simplemente retrasar los resultados positivos esperados en el Plan de Viabilidad de 2021, sin ofrecer una explicación razonable. El Grupo Armas evidencia un problema de rentabilidad desde el año 2017 que parece independiente de factores coyunturales", apunta la impugnación.
Supuesto fraude de ley
CaixaBank, Santander y Sabadell, en su impugnación, argumentaban que se había utilizado la Ley concursal para la adquisición de la sociedad por acreedores, administradores sociales y socios. "De manera coordinada con determinadas operaciones llevan a la sociedad a la insolvencia, para posteriormente y una vez excluidos los derechos de determinados acreedores, el excedente de valor generado tras la reestructuración se lo quedan los previos acreedores con privilegio y los anteriores socios y administradores sociales", decía el banco.
Y es que, según CaixaBank, Naviera Armas no era insolvente, sino que se había llevado a una situación de insolvencia "de manera fraudulenta y provocada por los acreedores para aprobar el plan de reestructuración y posteriormente adquirir la sociedad sin deuda. Es decir, la situación de insolvencia que justifica la reestructuración del Grupo Armas proviene de la propia reestructuración planteada. Como préstamo puente se concedieron 73 millones, y según el dictamen se necesitaban sólo 11 millones (es decir, no era necesario disponer de 51,3 millones de euros)".
Esta argumentación sobre la no insolvencia de Armas choca frontalmente con la de Acciona sobre que la empresa no es viable. Así lo señaló Barings, uno de los acreedores mayoritarios y ahora dueños de la naviera: "En relación a la insolvencia del Grupo Armas, las impugnaciones son contradictorias. Los bancos niegan la insolvencia, Acciona la reconoce". El Grupo Armas realiza una consideración muy similar al oponerse a las impugnaciones.
Venta de Armas-Trasmediterránea
Una conclusión en la que coincidían varios de los impugnantes es que el verdadero objetivo de la reducción de la deuda no era la viabilidad de la empresa ya que, como se ha visto, argumentaban que Armas no era insolvente, sino mejorar el rendimiento de los bonistas (hoy socios) para una futura venta del Grupo.
El valor de las acciones del Grupo, además, podrían incrementarse en caso de venta de Naviera Armas-Trasmediterránea, algo que favorecería especialmente a la familia Armas con su 6%, según sostenían los impugnantes. Un añadido que sostienen varios impugnantes es la supuesta opacidad con la que se llevaron a cabo las negociaciones del plan de reestructuración.
La Abogacía del Estado veía en esta acción fraude de ley, "pues la intención del plan es la reducción de la deuda no necesaria para la viabilidad, pero sí para una posterior venta del Grupo".
Desestimación total
Las pretensiones de los impugnantes no han ido a parar a buen puerto, pues la Audiencia de Las Palmas las ha desestimado todas. Bien por considerar que no estaban bien justificadas o defendidas, bien por no considerar correctos los cálculos realizados o bien por llegar a la conclusión de que las pretenisiones de algunos impugnantes estaban fuera "fuera del dinero", por lo que carecen de legitimación para reclamar aquello que no es suyo.
La sentencia, que es firme, desestima las impugnaciones y mantiene la homologación que en su día hizo el juzgado de lo mercantil número 3 de Las Palmas de Gran Canaria y condena a los impugnantes a pagar las costas.