El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha concedido licencia urbanística a Cementos Especiales de Las Islas (CEISA) para ampliar sus instalaciones industriales en el Puerto de Las Palmas, una autorización que llega en paralelo al conflicto administrativo y judicial que la compañía mantiene con Puertos Canarios por la continuidad de su actividad en el muelle de Santa Águeda, en el sur de Gran Canaria.
La resolución municipal permite la ampliación de una nave de almacenamiento de producto terminado situada en la parcela C.5.2 del muelle León y Castillo, un espacio dedicado a la descarga de cemento desde buques cementeros, su almacenamiento en silos metálicos y domo de hormigón, así como el ensacado y venta del material tanto a granel como en sacos dentro del recinto portuario capitalino.
Informes técnicos favorables
El proyecto fue solicitado en mayo de 2025 y requirió varios ajustes documentales después de que los servicios municipales detectaran construcciones existentes que debían incorporarse al expediente técnico. Tras la subsanación presentada por la empresa, los informes técnico y jurídico emitidos en febrero de 2026 avalaron la concesión de la licencia, formalizada el 20 de febrero por la Dirección General de Edificación y Actividades.
La autorización fija un plazo de cuatro años para iniciar las obras y otros cuatro para completarlas, obliga al pago del correspondiente Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras y exige comunicar el inicio de los trabajos con antelación. Además, su efectividad queda condicionada a la autorización previa de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, competente sobre el dominio portuario estatal.
La actuación permitirá reforzar la capacidad logística y de almacenamiento de cemento en el principal enclave industrial del Archipiélago, consolidando la operativa marítima asociada al suministro de materiales de construcción.
Recurso por Santa Águeda
La ampliación coincide con un escenario de incertidumbre sobre el futuro de CEISA en el muelle de Santa Águeda, donde la empresa mantiene abierta una disputa administrativa tras la decisión de Puertos Canarios de no renovar su concesión portuaria.
La entidad pública autonómica dictó el pasado 24 de octubre una resolución que instaba a la cementera a presentar, en un plazo de seis meses, un proyecto técnico de retirada o demolición de las instalaciones, paso previo a una salida planificada que debería ejecutarse en un máximo de doce meses una vez aprobado dicho plan.
Sin embargo, la compañía ha presentado recurso de alzada por vía administrativa contra esa decisión. Según fuentes de la empresa, la resolución sería contraria a derecho al considerar que contradice una sentencia judicial dictada en julio, que anuló la desestimación previa de la concesión y ordenó retrotraer el expediente administrativo para completarlo conforme a la legalidad.
Este recurso mantiene abierto el procedimiento y evita, por ahora, que exista una salida efectiva o definitiva de la cementera del puerto sureño, cuya continuidad dependerá del resultado final del proceso administrativo y judicial.
Décadas de actividad industrial
La presencia de CEISA en Santa Águeda se remonta a finales de los años cincuenta, cuando el Estado autorizó la construcción del dique-muelle industrial. Posteriormente se otorgó una concesión por 50 años que expiró en 2022, origen del actual litigio sobre su renovación.
Las instalaciones incluyen naves industriales, grúas, tolvas de descarga y estructuras destinadas a la manipulación y transporte de cemento y materias primas, cuya retirada solo se produciría si finalmente prospera la decisión administrativa de Puertos Canarios.
Peso estratégico para La Luz
En este contexto, la ampliación autorizada en el Puerto de Las Palmas no implica un traslado inmediato de actividad, pero sí refuerza la posición operativa de CEISA en el principal nodo logístico de la isla mientras se resuelve el conflicto sobre Santa Águeda.
La decisión municipal consolida así el papel del puerto capitalino como infraestructura clave para la actividad industrial y el abastecimiento de materiales de construcción en Canarias, en un momento marcado por la redefinición del mapa portuario vinculado a la industria cementera en Gran Canaria.