El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tendrá que fijar su posición sobre el bloqueo en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de la operación de compra de Naviera Armas por parte de Baleària tras una pregunta parlamentaria registrada por la diputada de Coalición Canaria en el Congreso, Cristina Valido.
La pregunta, registrada el pasado 25 de febrero, incide en el retraso administrativo que mantiene en suspenso una operación clave para el transporte marítimo en Canarias, en un contexto de deterioro progresivo de Armas Trasmediterránea y de creciente tensión en el sector.
Presión parlamentaria al Gobierno
Valido interpela a Cuerpo (que tendrá que responder por escrito) sobre la situación generada en torno a la autorización pendiente. La diputada advierte de que el transporte marítimo en Canarias constituye una “infraestructura estratégica esencial” y recuerda que algunas de estas conexiones están sujetas a Obligaciones de Servicio Público (OSP).
En su exposición, subraya que, para los ciudadanos del archipiélago, los barcos cumplen una función equivalente a la red ferroviaria o de autopistas en la Península, lo que convierte cualquier incidencia en un problema estructural. “Se trata de la herramienta más importante e indispensable para la cohesión territorial”, recoge el texto.
Una crisis empresarial con impacto público
La diputada sitúa el origen del problema en la crisis de Naviera Armas Trasmediterránea, agravada tras la pandemia y la adquisición de Trasmediterránea en 2017. Según detalla, la compañía ha reducido su flota de 27 a 11 buques, ha abandonado rutas y acumula averías recurrentes, lo que está afectando al servicio y a la competencia.
Este deterioro coincide con el cambio de control de la empresa, que ha pasado de la familia fundadora a acreedores e inversores, y con su posterior adquisición por Baleària, una operación que sigue pendiente de autorización por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
El papel de la CNMC y el bloqueo de la operación
El núcleo del conflicto reside en el análisis que está realizando la CNMC, que ha llevado la operación a una fase avanzada por el riesgo de concentración en rutas clave. La integración de Baleària y Armas podría derivar en una posición dominante en conexiones estratégicas, especialmente en el tráfico entre islas y entre Canarias y la península.
Este escenario ha provocado la paralización del proceso, en un momento en el que la propia Baleària y parte del tejido económico canario defienden la urgencia de cerrar la operación para estabilizar el servicio. Frente a ello, el regulador prioriza evitar un posible monopolio en un sector crítico.
El argumento del “retraso burocrático”
Valido critica la lentitud administrativa con la que la CNMC está gestionando este expediente. Según recalca, Baleària se encuentra a la espera de una resolución de la cComisión “para intervenir y reestablecer la normalidad de los servicios”.
La diputada advierte de que la situación es “crítica” y afecta a 1.500 trabajadores, a empresas, instituciones y a millones de usuarios del transporte marítimo en Canarias, que supera los seis millones de pasajeros anuales.
Advertencia sobre daños económicos
La diputada traslada al ministro el impacto directo en la economía insular que el restraso está produciendo. Valido sostiene que este puede provocar “daños irreparables” y comprometer un servicio esencial del que depende el suministro de mercancías y las exportaciones.
Además, cuestiona el enfoque del regulador al señalar que, en su intento de proteger la competencia, los tiempos administrativos podrían estar impidiendo que esta se desarrolle en la práctica. Se trata de una crítica directa al equilibrio entre regulación y urgencia económica.
Cuatro preguntas clave al Ejecutivo
El texto se culmina con cuatro preguntas concretas dirigidas a Cuerpo, centradas en determinar si es consciente de la gravedad de la situación y de los efectos del retraso. Entre ellas, destaca la cuestión sobre si el Ejecutivo y la CNMC son conscientes de que los tiempos administrativos están bloqueando la competencia en el sector:
- ¿Es consciente el Gobierno de España de la gravedad que atraviesa la conectividad marítima en Canarias debido a la crisis de Naviera Armas Trasmediterránea?
- ¿Conoce los efectos que el retraso burocrático provoca en la economía, el empleo y la cohesión territorial en las Islas Canarias?
- ¿Son conscientes el Gobierno y la CNMC de que, en su afán por velar por la libre competencia, los tiempos administrativos están impidiendo precisamente que dicha competencia se desarrolle en un sector tan estratégico?
- ¿Tienen previsto el Gobierno y la CNMC agilizar y dar una respuesta inmediata para evitar consecuencias irreversibles en la conectividad marítima del Archipiélago?
A estas cuestiones, Carlos Cuerpo deberá responder por escrito, tal y como ha solicitado la diputada nacionalista, Cristina Valido.