El número de empresas que instaron suspensión de pagos en las Islas Canarias ha crecido un 63% entre enero y noviembre, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Así lo reflejan los edictos publicados por los juzgados mercantiles en el Boletín Oficial del Estado.
En todos los casos se trata de expedientes de concurso de acreedores tramitados por los tribunales. Tales medidas han acarreado la intervención de las sociedades afectadas, que han pasado a estar sujetas al administrador designado por el juzgado correspondiente.
Crisis turística
El fortísimo aumento de este año se debe al advenimiento de la pandemia y a sus perniciosos efectos sobre el sector turístico, del que las islas es tan dependiente.
Dicha ascensión es una de las mayores que se ha verificado en todo el país. Solo la supera Castilla-La Mancha, que experimentó una progresión del 67%. Las islas han rebasado a territorios más industrializados como la Comunidad de Madrid y Cataluña. Estos registraron avances respectivos del 44% y el 49%.
Casi 160 descalabros en Canarias
Traducido a cifras, 158 compañías con residencia en Canarias se vieron en el trance de depositar sus libros contables en los juzgados mercantiles para solicitar la protección ante los acreedores.
Solo en noviembre último, 17 empresas de la región entraron en fallido, cinco por encima del mismo mes del año anterior. Es decir, cada semana de noviembre quebraron más de cuatro negocios.
Taurito Resorts y Viajes Poseidon
De los diez mayores siniestros corporativos que han estallado en España entre enero y noviembre, medidos por el volumen de ventas de las sociedades afectadas, dos corresponden a firmas canarias. Ambos han aparecido en las páginas de Atlántico Hoy en las últimas semanas.
Se trata de la sociedad Mar Abierto, titular de la cadena hotelera Taurito Resorts; y de la agencia turística Viajes Poseidon.
El vendaval de concursos de acreedores acontece pese a que está en vigor una moratoria para las empresas en situación de insolvencia latente. Según los cambios introducidos por el Gobierno de Pedro Sánchez, las compañías incursas en dificultades pueden soslayar la obligación de promover formalmente el concurso voluntario hasta el próximo verano.
A la vez, ha quedado suspendida la facultad que asiste a los acreedores, de instar ante los tribunales la declaración de concurso necesario cuando incumplen de forma generalizada el pago de sus obligaciones corrientes.