El Grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria ha manifestado su rechazo ante la previsión de la corporación insular de conceder, por segundo año consecutivo, una subvención de 1.250.000 euros destinada a sufragar gastos corrientes y complementos salariales de funcionarios en los campamentos de refugiados de Tinduf. La formación conservadora argumenta que los fondos de Solidaridad Internacional deben orientarse a proyectos de desarrollo y no al mantenimiento financiero de estructuras administrativas externas.
La ayuda fue adelantada en Comisión de Pleno por el consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional, Carmelo Ramírez. Según la información aportada, el Cabildo otorgará esta cuantía para el proyecto de sostenibilidad de servicios públicos en los campamentos, a pesar de que en el Plan Estratégico de Subvenciones inicialmente solo figuraba una partida de 300.000 euros. Esta maniobra supone, a juicio del PP, la consolidación en el presupuesto insular de una ayuda excepcional que el Ministerio de Asuntos Exteriores otorgó en 2022 con motivo de la pandemia.
El desglose de los pluses
Los populares aclaran que no cuestionan el apoyo al pueblo saharaui, que ya recibe casi un tercio del presupuesto total de solidaridad de la institución, además del millón de euros anual destinado a la compra de gofio. Sin embargo, denuncian que gran parte de estos nuevos fondos se emplean en abonar pluses trimestrales que oscilan entre los 895 euros para un secretario general y los 443 euros para un cartero en el territorio saharaui.
Desde el Grupo Popular se critica que el actual gobierno de Nueva Canarias y PSOE gestione fondos sobre el terreno a través de la Media Luna Roja mediante pagos en efectivo y recibos en lugar de facturas reglamentarias. El partido sostiene que las competencias del Cabildo deben centrarse en el desarrollo equilibrado de la isla y la mejora de los servicios para los ciudadanos grancanarios, quienes sufren una progresiva pérdida de poder adquisitivo.
Comparativa con áreas sociales
El presupuesto de Solidaridad Internacional alcanzó los 8,9 millones de euros el pasado ejercicio, una cifra que supera la inversión en áreas clave como Educación o Juventud, que cuentan con apenas 6 millones de euros. El PP destaca que la partida de cooperación exterior es casi idéntica a la del Consorcio de Viviendas, dotado con 9,2 millones de euros, a pesar de ser la vivienda uno de los problemas más graves de la sociedad isleña.
El principal grupo de la oposición reclama que se otorgue la misma prioridad política a la lucha contra el desempleo y la pobreza severa en la isla. Recuerdan que actualmente el 41% de los menores en Gran Canaria vive en condiciones de vulnerabilidad y exclusión social, por lo que instan al grupo de gobierno a reorientar los recursos públicos hacia las necesidades más urgentes de la población local.