La Plataforma Ciudadana Salvar Chira-Soria y Barranco de Arguineguín ha presentado en la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN) un escrito en el que solicita la ejecución forzosa de la sentencia dictada contra el hermano de Alejandro Marichal, concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, entre otra áreas.
El hermano del concejal fue condenado en marzo de 2019 por un delito contra la ordenación del territorio a dos años de cárcel, multa de 3.600 euros y la demolición de un chalé con piscina construido sin licencia ni calificación territorial en Lomo las Cuatro Matas, también conocido como Lomo la Presa.
Se trata de un suelo rústico de producción agrícola en el que hay más viviendas ilegales, un problema que también existe en Lomo los Azules y que el área de Urbanismo trata de solucionar mediante una modificación del Plan General de Ordenación de San Bartolomé de Tirajana.
Ratificada por la Audiencia
La sentencia está dictada por el Juzgado de lo Penal número 4 y fue confirmada en julio de 2019 por la Audiencia de Las Palmas. La Sección Primera, con el magistrado Secundino Alemán como ponente, rebajó la pena a un año de cárcel, pero mantuvo el resto de la condena y rechazó la petición de anular la orden de demolición.
La prisión y la multa están remitidas, pero no el derribo de la edificación residencial y sus anexos ilegales en suelo rústico. De ahí la petición formulada por la Plataforma Ciudadana Salvar Chira-Soria. Su vicepresidente, Honorio Galindo Rocha, ante la "evidencia física" de que las obras siguen en pie, reclama el inicio y tramitación de la ejecución forzosa en forma de ejecución subsidiaria, lo que implicaría que la administración realice el derribo a costa del infractor.
Garantías
También solicita este colectivo que se certifique si voluntariamente se ha cumplido o no con la orden de demolición, además de tener acceso a los documentos que acrediten el estado real de la reposición material del suelo.
La plataforma recuerda que existe un pronunciamiento firme de la Audiencia Provincial de Las Palmas (sentencia 264/2019) que obliga a la demolición y a la reposición de la realidad física alterada.
La edificación se asienta sobre una parcela categorizada como suelo rústico de protección agrícola (D.7.6 Zona agrícola de El Salobre), donde este tipo de construcciones residenciales vulneran la normativa ambiental y territorial.
Control frente a inacción
La demolición de obras ilegales en suelo rústico no es solo una cuestión administrativa, sino una medida de protección del paisaje y del territorio como recurso natural limitado, destaca la organización ciudadana.
Por eso invoca el derecho de acción pública urbanística, con la advertencia de que la ley les faculta para exigir la observancia de la legalidad y la ejecución de medidas de restauración sin necesidad de acreditar un interés directo más allá del interés general.
Dicho de una manera más directa: Salvar Chira-Soria quiere la copia electrónica íntegra de todas las resoluciones y requerimientos dictados hasta la fecha para verificar si ha existido pasividad administrativa en el cumplimiento de la sentencia judicial.