La asociación profesional de la Guardia Civil Jucil ha denunciado este miércoles en un comunicado la grave carencia de agentes que sufren tres municipios clave de Gran Canaria: Agüimes, Santa Lucía de Tirajana —concretamente en Vecindario— y la localidad turística de Puerto Rico, en Mogán.
Jucil ha alertado de que esta falta de efectivos obliga a tomar medidas operativas extremas, como unir a guardias de distintos puestos para formar una única patrulla nocturna que cubra toda la compañía. En zonas de alta densidad poblacional como Santa Lucía de Tirajana, con 76.000 habitantes, esta situación provoca que el servicio de seguridad ciudadana sea inexistente en el momento en que hay un detenido o se debe realizar un trámite judicial.
"Exceso de burocracia"
A juicio de la organización, existe un problema estructural con un exceso de personal dedicado a labores burocráticas. Esta distribución de recursos afecta directamente a la calidad del servicio, obligando a los ciudadanos a esperar hasta tres horas para interponer una denuncia mientras se priorizan las tareas de despacho frente a la calle.
La situación más crítica, según detalla el comunicado, se vive en el puesto principal de Vecindario. En esta ubicación, la Guardia Civil solo logra sacar una patrulla a la calle, una dotación que queda anulada automáticamente "en cuanto se produce una detención o el traslado de un individuo a disposición judicial", dejando la zona temporalmente sin vigilancia.
La asociación advierte además sobre la presión que soporta la zona sur de la isla. La gran concentración de viviendas vacacionales, complejos hoteleros y locales de ocio nocturno requiere de una presencia policial constante que la actual plantilla no puede garantizar. Según Jucil, tanto el cansancio acumulado de los guardias civiles como la sensación de inseguridad entre los vecinos han llegado a un "punto de no retorno".
Revisión de funciones
Por todo ello, la asociación ha exigido a la Dirección General de la Guardia Civil una revisión urgente de los catálogos de puestos de trabajo. Solicitan una fiscalización real de las funciones que desempeña el personal para priorizar la seguridad ciudadana y la prevención de delitos en la vía pública frente a las tareas administrativas.