Aldama y el final de la paciencia

La confesión de Aldama destapa una trama de corrupción y agudiza la crisis de confianza en España

Carlos Ruiz.

La economía española camina en paños menores. Desde 2018 se han aplicado más de 90 subidas de impuestos y cotizaciones que han incrementado la recaudación en torno a 85.000 millones de euros anuales. La carga fiscal ha aumentado, de media, en 2.416 euros por español, mediante ajustes al alza en impuestos directos, indirectos y cotizaciones sociales. A pesar de ello, el agujero real de la Seguridad Social ascendía a 69.783 millones de euros al cierre de 2025, mientras que la deuda acumulada por los préstamos concedidos por el Estado para poder pagar las pensiones alcanzó los 136.000 millones de euros en noviembre del mismo año, un 130% más que en 2019. Con semejante nivel de endeudamiento, España queda cada vez más condicionada por la senda que marque quien presta.

Desde junio de 2018, el tejido productivo también se ha resentido gravemente: se han perdido cerca de 60.000 empresas y la inversión extranjera se ha desplomado. Paradójicamente, mientras se debilita la economía real, se castiga con especial dureza a microempresas y autónomos, asfixiados por una presión fiscal y social creciente que compromete su supervivencia.

A este deterioro económico se suma un progresivo vaciamiento institucional. Bajo el mandato de Pedro Sánchez, más de cuarenta organismos y entidades públicas han quedado en manos de perfiles de clara afinidad política. Instituciones clave como el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General del Estado o RTVE, junto a empresas estratégicas del sector público, han visto erosionada su credibilidad por una colonización que debilita la separación de poderes y la confianza ciudadana.

El resultado es un modelo de poder basado en la supervivencia política a cualquier precio, que ha dejado atrás los principios fundacionales del PSOE y ha normalizado la degradación institucional. La política se ha vaciado de ejemplaridad, la verdad se ha relativizado y la decencia ha pasado a ser un estorbo.

En paralelo, determinadas decisiones gubernamentales, como la regularización extraordinaria de inmigrantes en situación irregular, amenazan con agravar aún más la presión sobre el Estado del bienestar. La ausencia de una política migratoria ordenada y exigente incrementa los problemas de integración, tensiona los servicios públicos y compromete la cohesión social, especialmente en un contexto económico ya muy debilitado.

La Justicia, por su parte, continúa estrechando el cerco sobre el entorno más cercano del presidente del Gobierno. Familiares, ministros y ex altos cargos socialistas se encuentran investigados en distintas causas por presuntas tramas de corrupción: desde el caso Begoña Gómez hasta el caso Koldo, pasando por investigaciones sobre contratos públicos, pagos irregulares y tráfico de influencias. A ello se suma una política de indultos generosa: desde 2018 se han concedido más de 160, incluidos los otorgados a los líderes del procés en 2021 y los que beneficiaron a los condenados por el caso ERE, responsables de la malversación de cerca de 700 millones de euros de dinero público.

Es en este contexto de hartazgo social, deterioro institucional y desconfianza generalizada donde emerge la figura de Víctor de Aldama. Investigado como presunto conseguidor en el caso Koldo y en la trama de los hidrocarburos, el empresario ha optado por colaborar con la Justicia, confesando el cobro de comisiones y aportando información que apunta a responsabilidades políticas de alto nivel.

Su decisión no nace del altruismo, sino de una realidad evidente: cuando el sistema se percibe como injusto y corrupto, la sociedad empieza a ver en el colaborador no a un villano, sino a un instrumento para que caigan todos. En ese escenario, no resulta descabellado plantear un eventual indulto como incentivo para desmantelar redes de corrupción mayores. No como absolución moral, sino como herramienta excepcional al servicio del interés general.

España no atraviesa solo una crisis económica o política. Vive una crisis de confianza. Y cuando un país llega a ese punto, el pueblo deja de pedir heroicidades y empieza a exigir verdades.

Sin riesgo no hay gloria.

Sin fracaso no hay historia.