El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria acumula un atasco prolongado en la ejecución de los presupuestos participativos aprobados entre 2018 y 2023. Así lo confirma el documento oficial del Servicio de Participación Ciudadana, firmado el 21 de noviembre de 2025, en el que se detalla el estado real de cada proyecto impulsado por los vecinos de la principal urbe de Canarias. El informe, al que ha tenido acceso este medio, muestra decenas de iniciativas sin ejecutar, muchas de ellas con más de cinco años de antigüedad, pendientes de informes, sin disponibilidad económica o frenadas por otras áreas municipales
Según el documento, el Distrito Ciudad Alta concentra una parte destacada de los retrasos. Aunque numerosas actuaciones menores sí se han materializado —desde pintado de muros, biosaludables o pasos de peatones— otras propuestas más relevantes permanecen sin avance alguno. La lista incluye asfaltados, lomos de asno, mejoras de alcantarillado y proyectos de urbanización que continúan, año tras año, catalogados como pendientes de información del Servicio o pendientes de licitación.
Participación ciudadana
Entre las incidencias más llamativas figura la propuesta de Parque La Estrella, valorada en 300.000 euros, que fue devuelta por el área de Contratación por la “imposibilidad de tramitación” del expediente, solicitándose una nueva reserva de crédito (RC) para 2024. El documento también recoge actuaciones bloqueadas por interferencias con otras áreas, como el monumento de la rotonda del Colegio Arenas, que lleva años a la espera de un dictamen de la Comisión de Cultura. En otros casos, los servicios informan de que los proyectos son inviables: el kiosco juvenil del Canódromo, por ejemplo, se considera problemático por motivos de “integridad y seguridad”.
El informe pone de manifiesto que existen importes relevantes aprobados pero aún sin ejecutar, como los 150.000 euros para la sombra del parque infantil de Siete Palmas, los 146.000 euros destinados al asfaltado de la calle Luis Benítez Inglott, o los 100.000 euros para hidrantes de bomberos. La propuesta de instalar paneles solares en edificios públicos, con un presupuesto de 180.000 euros, también continúa sin información por parte del servicio competente.
Deportes
En el ámbito deportivo, destacan las propuestas vinculadas al Parque de La Ballena, donde tanto el cambio del suelo de la zona de calistenia (56.000 euros) como el campo de fútbol playa (58.850 euros) se encuentran a la espera de informes de Urbanismo sobre su viabilidad. Se trata de actuaciones con apoyo vecinal que, pese a haber sido validadas en los procesos participativos, no tienen una fecha estimada para su ejecución.
El documento también revela situaciones de bloqueo estructural. En la Plaza Rafaela Manrique, una propuesta de desatasco y mejora del alcantarillado no puede ejecutarse porque la plaza es de titularidad privada. A esto se suman proyectos que llevan años estancados por trámites menores, como la señalización de calles, la reposición de reductores de velocidad o la instalación de cartelería informativa, que figuran desde 2019 en la categoría de “pendiente de aclaración” o “pendiente de asignación económica”.
Ejecución de proyectos
Pese a estos retrasos, el informe también recoge actuaciones ejecutadas, especialmente en los primeros años, como mejoras de iluminación, instalación de semáforos sonoros, acondicionamiento de parques, pintado de muros o equipamiento tecnológico en instalaciones públicas. Sin embargo, la relación completa evidencia una asimetría clara: mientras las actuaciones de bajo impacto y menor complejidad administrativa avanzan, los proyectos estratégicos, costosos o que requieren coordinación entre áreas concentran los mayores retrasos.
La fotografía que deja este documento desmonta la sensación de continuidad en la gestión de los presupuestos participativos. Muestra un modelo que, aunque ha permitido ejecutar mejoras puntuales, arrastra problemas de gobernanza interna, falta de coordinación entre servicios, procesos administrativos excesivamente lentos y proyectos validados por la ciudadanía que nunca llegan a materializarse. Un mecanismo pensado para acercar la administración a los vecinos que, en demasiadas ocasiones, queda atrapado entre informes, incidencias técnicas y expedientes sin resolver.