En su última intervención en el pleno del Ayuntamiento, la concejala Inmaculada Medina tomó la palabra para dirigirse directamente a la oposición y defender su trayectoria al frente de las áreas vinculadas al Carnaval. Medina reprochó a la oposición haber causado “tanto daño” a su entorno y aseguró que, por ser su último día, se permitiría hablar “con educación y con mucho respeto”, pero sin reservas.
En relación con la presunta vinculación con los sobornos del caso Valka por los que el fiscal pide la imputación de la concejala y que la han llevado a presentar su renuncia en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Medina rechazó las acusaciones y fue tajante: "Nunca dejen de usar la palabra presunta". También afirmó que mantiene “capturas de todo” y que aún no ha tenido “ni siquiera el derecho a declarar”.
Medina explicó que su renuncia está motivada por responsabilidad y por no querer ser “un lastre” para sus compañeros de gobierno. “Miro al la cara. Y me permito mirarlos uno a uno porque esta que les está hablando no tiene ningún motivo para esconderse”, afirmó categórica y añadió que llegará el momento en que algunos “tengan que bajar la cabeza y pedir perdón”.
Fiesta de Interés Turístico
Acusó al partido rival de estar “todos los días llamando a los grupos del Carnaval” para pedir apoyo e información y, al mismo tiempo, cuestionar el adelanto de fondos previsto para garantizar la organización de la próxima edición. Afirmó que este adelanto es necesario para que los grupos puedan adquirir materiales y preparar vestuarios y espectáculos antes del 23 de enero.
Defendió que el trabajo del actual grupo de gobierno ha sido decisivo para la declaración del Carnaval como Fiesta de Interés Turístico Internacional. “No habían tocado un papel ustedes”, lanzó a la bancada opositora, insistiendo en que invertir en la fiesta “es invertir en cultura, en industria, en economía y en puestos de trabajo”.
Caso Valka
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al magistrado instructor del caso Valka que investigue a la concejala Inmaculada Medina por presunta malversación de caudales públicos, falsedad en documento público, prevaricación y un fraude de siete años en la revisión de los contadores de agua. Las cifras actuales no coinciden con las facturas pagadas a la empresa Guerra Patrimonial, que financió los apartamentos del jefe de Parques y Jardines
El fiscal Javier Ródenas, tras revisar los expedientes administrativos del suministro de agua de riego, avanza en la investigación de la pieza separada que afecta a Parques y Jardines, en la que ya están imputados el empresario Felipe Guerra y el funcionario Miguel Ángel Padrón, jefe del servicio y mano derecha de Medina en el mandato anterior.