El juez que intruye el caso Mascarillas ha dictado un auto en el que traspasa las diligencias a la Fiscalía Europea (FE), que había apelado a su derecho de avocación para tomar las riendas de la investigación al considerar que se habían utilizado fondos europeos para sufragar el contrato entre el Servicio Canario de la Salud (SCS) y RR7 United para la compra por 4 millones de euros de un millón de mascarillas que nunca fueron entregadas.
"Se acuerda la avocación de conocimiento de este procedimiento a favor de la Fiscalía Europea, a la que se remitirán estas actuaciones poniendo a su disposición las diligencias y los efectos intervenidos", dice el auto del juez Francisco Javier García-Sotoca, titular del Juzgado de Intrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
La FE reclamó la investigación del caso Mascarillas el pasado 7 de noviembre en un auto en el que apeló a su derecho de avocación. Lo hizo para defender los intereses financieros de la Unión Europea, al considerar que se habían utilizado fondos europeos para sufragar parte del contrato con RR7 United. Aunque el rastro público del contrato indica que eso fue así, el Gobierno de Canarias defiende que finalmente no hubo utilización de dinero de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER), y se apoya en un informe de la Intervención General entregado al juzgado.
Sin embargo, la FE no investiga solo ese contrato. La denuncia presentada por Juan Manuel Pérez señala otros contratos, que también recoge el auto de principios de este mes. A partir de ahora, será la FE quien decida cuáles son los siguientes pasos.