El informe que el Tribunal de Cuentas elaboró en el año 2021 sobre la gestión de los estacionamientos regulados —conocidos como zona azul o verde— en Las Palmas de Gran Canaria aún da de qué hablar. El asunto salió a flote este martes después de que el Congreso de los Diputados y el Senado asumieran el contenido del documento que analiza los movimientos de 2019.
El texto aborda diversas cuestiones sobre la relación entre el Ayuntamiento del municipio capitalino y Sagulpa —la empresa pública responsable de los aparcamientos en la ciudad—, las competencias de ambos, los cambios de tasas o el coste de no pagar a tiempo en el parquímetro. Pero una de las más llamativas está vinculada con quienes no disponen de residencia en España.
Dificultad en localizarlos
Antes de empezar, un aviso a navegantes y una promesa: el tema tiene muchas aristas, pero nada se explicará sin contexto. Hay que irse hasta la página 30 del informe para leer sobre cómo se comunicaban las dos a la hora de compartir información acerca de las tasas pagadas —o no— por los usuarios. Se trata de unas líneas donde se puede leer que se da “la supresión de cargos de personas que residen en el extranjero”.
La explicación, en realidad, es muy simple: “Su localización es muy improbable y los costes de notificación y puesta al cobro superan el importe de las sanciones, a pesar de que en la ordenanza municipal no se contempla como supuesto de no sujeción”. En definitiva, tratar de localizar a un turista alemán, británico, noruego o de cualquier otro país para que pague su deuda no es rentable.
Alegaciones
Esa, al menos, es la información que remitieron al Tribunal de Cuentas en un primer momento. Durante el proceso de alegaciones, el Consistorio envió un protocolo en el que indican que únicamente dan de baja a las personas no residentes en España cuando hay errores en la transcripción de su documento de identificación.
El texto incide que “resulta contrario a la información remitida durante los trabajos de fiscalización, tanto por el propio Ayuntamiento como por Sagulpa”. “Indicaban que, debido al coste que suponía la notificación, se suprimían los registros de las personas sin residencia en España; en este sentido se había comprobado que, efectivamente se daban de baja numerosos registros de extranjeros”, añade.
Entonces, ¿quién tiene razón?
Tampoco queda muy claro el número de registros que se da de baja cada mes como consecuencia de errores en la identificación de las personas. El Ayuntamiento señala que en el mes de enero se suprimieron 62 registros por errores —tanto de extranjeros como de nacionales— y Sagulpa informó de que habían sido 84 —de las cuales 53 estaban empadronadas fuera de España—.
El Tribunal matiza que no se ha podido verificar si todas las supresiones de extranjeros están motivadas por fallos en el registro de sus datos identificativos o bien, si en aplicación del protocolo remitido en fecha de 15 de abril de 2021, se les excluye por no constar domicilio en algún municipio nacional. La conclusión es que no queda claro si dijeron la verdad al principio o durante el trámite de alegaciones.
Versión de Sagulpa
Sagulpa asegura en declaraciones a Atlántico Hoy que el problema está en emitir en ese momento el aplicativo de estacionamiento de vehículos de Rent a Car de ciudadanos extranjeros que no han pagado en el parquímetro. Ahora bien, matizan que sí suministraron la evidencia individual respecto a la depuración de la deuda.
El documento publicado por el Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge que como consecuencia del elevado número de impagos que corresponden habitualmente a empresas de alquiler de vehículos, Sagulpa, siguiendo instrucciones del Ayuntamiento, envía un correo electrónico a las compañías para que identifiquen al conductor incumplidor.
Sin quebranto contable
La empresa pública, en su respuesta a este medio, presume de que en el informe no se menciona que se haya dado “quebranto contable”. O, lo que es lo mismo, un desajuste en las cuentas de la sociedad mercantil. “Se ha comprobado que el procedimiento de Sagulpa de registro de los ingresos por la prestación de este servicio queda adecuadamente soportado”, apostilla.
Apunta también que se ha verificado la concordancia entre los saldos de los pagos con tarjeta en los parquímetros, las recargas de la aplicación móvil y los importes de los cuadernos bancarios con los ingresos registrados en las sucursales. Además, saca pecho de que el total de operaciones realizadas en el estacionamiento regulado fue de 5.497.445 euros.
Reparto del dinero
La cosa no queda ahí porque el importe de las operaciones e ingresos obtenidos por Sagulpa por autoliquidaciones voluntarias resultó ser de 5.320.249 operaciones auditadas (96,78%) y 4.467.303,69 euros. Esta última cifra es protagonista de otro tirón de orejas en el informe.
El Tribunal considera que la práctica vulnera el artículo 32 de la Ley de Contratos del Sector Público. La clave para comprenderlo está en que ningún documento ha fijado el precio que debe recibir Sagulpa por prestar el servicio y, en realidad, esos 4,5 millones tendrían que haber ido desde el principio a las arcas del Ayuntamiento.
La oposición
Desde el Grupo Popular en el Consistorio apuntan que les llama la atención “que no se hayan adoptado medidas para corregir las deficiencias que se ponen de manifiesto, a pesar de que el informe es de 2021 y hace referencia al ejercicio 2019, hace ya seis años”.
“Es importante adoptar medidas cuanto antes para terminar con la posible inseguridad jurídica que se vendría produciendo, a juzgar por lo expuesto por la comisión mixta del Tribunal de Cuentas”, prosiguen. Consideran que el estacionamiento regulado se usa en otras ciudades y da buenos resultados, “pero debe trabajarse de forma idónea y justificar bien tanto el crecimiento de zonas verdes/azules como cualquier ajuste tarifario”.
"No es razonable"
“Tampoco es razonable, como hemos visto en las recientes cuentas de Sagulpa, que el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) de beneficios [de 880.878,47 euros], salvo que sirvan para paliar otros servicios de movilidad para la ciudadanía que sí sean deficitarios y en tal caso explicarlo con claridad”, exclaman.
“Confiamos en que todas las incidencias, que son subsanables de forma fácil a través de ajustes administrativos, sean solventadas a la mayor brevedad y para ello contarán con la ayuda del PP siempre que se explique y se nos haga partícipes”, sentencian.
Transparencia
El principal partido de la oposición dice que el informe se produce justo cuando este próximo viernes va a Pleno la aprobación definitiva de la nueva tasa de basura. “Por lo que sugerimos que no se caiga en los mismos errores que ahora pone de manifiesto el Tribunal de Cuentas y prevalezca la transparencia y la moderación impositiva”, asevera.
Por su parte, el Grupo Municipal de Vox señala que el concejal Alberto Rodríguez, quien también es diputado nacional, expuso el 2 de diciembre de 2024 en el Congreso que el concejal de Nueva Canarias José Eduardo Ramírez, responsable de Sagulpa desde 2015, debía informar sobre las irregularidades detectadas en dicho informe de fiscalización.
"Niegan las irregularidades"
Ese mismo día registró en el ayuntamiento el correspondiente requerimiento de comparecencia. “Sin embargo, dicha comparecencia fue desatendida durante los plenos de diciembre, enero y febrero por supuestas faltas de disponibilidad del concejal Ramírez”, afirman.
Finalmente fue atendida por el concejal del mismo partido Pedro Quevedo, quien se limitó a leer un documento que nada respondía a las cuestiones planteadas, que negó las irregularidades informadas por el Tribunal de Cuentas y que declinó intervenir en su segundo turno para responder a las preguntas planteadas por Rodríguez.