Al igual que en el resto de Canarias, la población de Las Palmas de Gran Canaria se caracteriza por el crecimiento del envejecimiento, pero ¿está preparada la ciudad para afrontar el aumento de los mayores de 65 años en todos sus barrios?
Emma Colao, presidenta del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias (Odesocan), señala que el municipio cuenta con la capacidad presupuestaria para hacer frente a este desafío, aunque falla en su gestión, sobre todo en lo que respecta a los servicios de ayuda a domicilio (SAC). Esta situación hace necesaria una revisión de la planificación para que no se agrave en los próximos años.
Vulnerabilidad de los barrios
"Las Palmas no tiene un problema de presupuesto. Lo que tiene es un problema de gestión presupuestaria", subraya Colao, quien lamenta que la ciudad carezca de una estrategia política real para abordar las necesidades actuales y futuras de su población mayor. Según la experta, el envejecimiento avanza a un ritmo mucho más rápido que la previsión de las administraciones públicas locales.
Colao señala tres factores clave que explican la vulnerabilidad de muchos barrios: las diferencias de renta y clase social — a menores ingresos, mayor dependencia de los servicios sociales —, la escasa adaptación de los servicios públicos a las necesidades reales de los mayores, y una falta de enfoque integral en el planeamiento urbano — los recursos se encuentran en mayor medida en el centro de la ciudad —.
Es por ello que la presidenta de Odesocan plantea la necesidad de revisar el Plan de Ordenación Urbana para no pecar de, por ejemplo, construir un colegio en un barrio donde predominan personas mayores, en lugar de priorizar centros de día, servicios especializados o infraestructuras de apoyo.
Ubicación de los recursos
La ubicación de los recursos se ve agravada con el problema de la vivienda que conlleva a una expulsión residencial. Colao explica que la subida de los precios de la vivienda en zonas céntricas está desplazando a las personas hacia áreas periféricas, rompiendo las redes de cuidado y agravando su aislamiento social. "Si no se aborda el problema de la vivienda como una cuestión estructural, será imposible determinar correctamente dónde implantar los recursos públicos de cuidado", advierte.
A lo que se suma la conocida como soledad no deseada, que afecta en gran medida a las personas mayores que viven solas. "El problema no es vivir solo, sino el aislamiento social al que se ven condenadas estas personas porque no forman parte del tejido productivo. No tener servicios que lleguen al domicilio implica mayor invisibilización de su situación", afirma.
Servicios de atención a domicilio
Respecto a los servicios de atención, Colao denuncia la precarización del servicio de ayuda a domicilio, considerado actualmente como una mera "ITV" para personas dependientes, sin una verdadera calidad asistencial.
"Se ha perdido la esencia del servicio. Y si seguimos apostando únicamente por este modelo, Las Palmas no tendrá recursos suficientes ni para quienes puedan costearse servicios privados", alerta.
Ayudas por barrios
Según el informe de salud pública del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Marzagán es el barrio con más proporción de ayudas SAC, con un índice del 6,68 por cada 100 personas. Seguido de Cuevas Blanca, Las Rehoyas y Schamann.
Por el contrario, barrios como Canalejas o Ciudad Jardín son de los que presentan menor necesidad de este tipo de ayudas con un 0,17 y un 0,14 de índice respectivamente.
Estos datos apuntan a barrios donde los mayores necesitan apoyo intensivo no solo por su edad, sino por sus condiciones de vida, en muchos casos en situación de soledad o dependencia severa.
Cambio de planteamiento
La presidenta de Odesocan insiste en que el Plan General de Ordenación Urbana debe ser revisado de forma urgente para reorganizar el despliegue de servicios, garantizar una distribución equitativa y fortalecer el tejido social de los barrios.
Como última reflexión, Colao recalca que el envejecimiento es un problema que se está viviendo desde hace dos décadas, por lo que “la administración pública — tanto gobiernos, cabildos como ayuntamientos, entre ellos Las Palmas de Gran Canaria — no se puede comportar como que le viene de sorpresa”.