Alberto Rodríguez, exdiputado en el Congreso por Unidas Podemos y actual dirigente de Drago Canarias, solicitó el pasado 3 de febrero tanto a la Mesa del Congreso como al Consejo de Ministros una indemnización de 134.281,55 euros en concepto de lucro cesante por haber dejado "de percibir su retribución mensual de 6.144,64 euros durante el período comprendido entre noviembre de 2021 y mayo de 2023" después de que se le retirase el escaño aquel año.
Este martes, El País ha adelantado la reclamación del exdiputado de Unidas Podemos y ha añadido una información relevante llegada desde la Mesa del Congreso que Atlántico Hoy ha confirmado también: en un informe de la asesoría jurídica del Congreso, los letrados señalaban que el órgano competente para conocer la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por Rodríguez era el Consejo de Ministros.
El documento, fechado a 24 de febrero, refleja que "el órgano competente para conocer la reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por la representación legal del señor Rodríguez Rodríguez contra un acto parlamentario no normativo [la retirada de su escaño] (...) es, en aplicación de la doctrina de la Sala Tercera del Tribunal Supremo en sentencia el 27 de noviembre de 2009, el Consejo de Ministros" y especifica que "en consecuencia, es posible apreciar la concurrencia de una causa de inadmisión a trámite por falta de competencia de la Mesa del Congreso de los Diputados".
Ya se habían dirigido al Consejo de Ministros
Pero los representantes legales de Rodríguez ya se habían adelantado a ese escenario, ya que el mismo día que emitieron la reclamación patrimonial a la Mesa del Congreso enviaron también otra reclamación casi idéntica dirigida al Consejo de Ministros, tal y como ha podido comprobar Atlántico Hoy, que ha tenido acceso a ambos documentos en exclusiva.
En el primero de ellos, el dirigido a la Mesa del Congreso, la representación de Rodríguez justifica que la sentencia favorable al recurso de amparo presentado por el exdiputado ante el Tribunal Constitucional para que se anulase la pérdida de su escaño "obliga a esta parte a interponer la presente reclamación patrimonial ante esta Mesa del Congreso de los Diputados, como órgano encargado de la gestión administrativa y patrimonial de la Cámara".
Culpa de Meritxell Batet, según Rodríguez
Además, la representación del exdiputado también consideró en su primer escrito que había lugar a reclamar una indemnización a la Mesa del Congreso "como consecuencia de la actuación perjudicial de la misma Mesa al determinar su privación del escaño, acto que fue anulado por sentencia del Tribunal Constitucional en el recurso de amparo 74/22". Indica el documento que corresponde presentar la reclamación ante la Mesa del Congreso, "en cuya Presidencia recayó la decisión inicial posteriormente anulada por el Tribunal Constitucional".
En aquel entonces, la socialista Meritxell Batet presidía el Congreso de los Diputados.
A pesar de estas consideraciones jurídicas, los letrados de la asesoría jurídica del Congreso entendieron que no corresponde a ese órgano decidir sobre la reclamación patrimonial, a pesar de que sea la Mesa la que controla el patrimonio de la Cámara Baja y la que causó en primera instancia el perjuicio al actual dirigente de Drago Canarias.
Medidas cautelares no debatidas
Por otra parte, en el segundo escrito, la representación de Alberto Rodríguez pide al Consejo de Ministros indemnizarle con la mencionada cantidad como "consecuencia de la actuación perjudicial del Tribunal Constitucional en el recurso de amparo 74/22, consistente en la falta de pronunciamiento del mismo sobre la debida medida cautelar de suspensión solicitada por esta parte en el recurso de amparo finalmente otorgado".
La cuestión de fondo aquí, tal y como argumentan los abogados de Alberto Rodríguez en el escrito dirigido al Consejo de Ministros, es que el Tribunal Constitucional "ni desestimó, ni estimó, ni consideró (...) a pesar de las muchas instancias interpuestas por esta parte al respecto" la medida cautelar de suspensión de la pena que solicitó en su momento, provocando que, aunque finalmente resolviese en su favor el recurso de amparo, para cuando llegó la sentencia ya había terminado la legislatura y no había escaño al que regresar.
Los abogados consideran que la no deliberación por parte del Tribunal Constitucional de la medida cautelar solicitada por Rodríguez provocó que este sufriera "una desestimación tácita, generando una situación de perjuicio económico".
Contexto
Alberto Rodríguez fue condenado en 2021 en firme por el Tribunal Supremo a una pena de un mes y quince días de prisión, que sustituyó por una multa, y una pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo de 45 días.
En octubre de 2021, y tras una gran controversia jurídica entre el Supremo y la Mesa del Congreso -el Alto Tribunal había enviado una misiva a la Mesa solicitando conocer si su sentencia se había cumplido, pero se negó a resolver cuestiones de índole jurídica a esta surgidas de la disparidad de opiniones sobre cuándo comenzaba la pena accesoria de inhabilitación-, la entonces presidenta de la Cámara Baja, Meritxell Batet, le retiró el escaño a Rodríguez, lo que implicaba la pérdida de su condición de diputado, una decisión que el afectado recurrió ante el Tribunal Constitucional.
Este tribunal, en enero de 2024, aceptó el recurso contra la sentencia del Tribunal Supremo que lo había condenado y le concedió el amparo, con el apoyo de siete votos de la mayoría progresista frente a los cuatro en contra de la minoría conservadora, anulando así la condena de inhabilitación.