La trama Cuarteles tiene unas raíces tan profundas en Canarias que empieza a dejar de tener sentido que se continúe investigando en Madrid. O al menos en su totalidad. Es la conclusión a la que habría llegado la magistrada titular del juzgado de instrucción número 3 de Madrid, María Isabel Durántez, según ha adelantado este lunes La Razón, que habría conocido la información a través de fuentes cercanas a la investigación.
El caso Cuarteles comenzó a investigarse en 2018 cuando un informante anónimo alertó a la Guardia Civil de posibles irregularidades en unas obras en la comandancia de Ávila llevadas a cabo por Ángel Ramón Tejera de León, el empresario que presuntamente conseguía tratos de favor del teniente general de la Guardia Civil Pedro Vázquez Jarava para realizar trabajos que no acababa o cuyos precios inflaba por decenas de cuarteles por toda España.
El desarrollo judicial del caso
Asuntos Internos del instituto armado comenzó entonces a investigar los casos y recopiló información de obras ejecutadas desde 2014 hasta 2019. El 24 de enero de 2020, el organismo elevó un informe al Juzgado de Instrucción 2 de Ávila, que asumió el caso.
En 2021, el juzgado de Ávila pasó la investigación al juzgado de instrucción número 3 de Madrid, que continúa con la mayor parte del caso desde entonces. Pero la trama está alcanzando una envergadura en Canarias muy considerable, lo que ha llevado a la magistrada a plantearse que sea la justicia tinerfeña la que continúe investigando parcialmente el caso.
Obras en Tenerife
Según apuntan las pesquisas, la mayoría de los trabajos de Tejera se hicieron en Tenerife para la comandancia que dirigía el coronel jefe José María Tienda. Muy especialmente, además, a partir de 2018, fecha en la que el teniente general Pedro Vázquez Jarava se retiró y dejó de prestar ayuda a su amigo empresario utilizando, presuntamente, sus influencias.
Durante el tiempo que el coronel Tienda estuvo al frente de la comandancia de Tenerife, se estima que Tejera consiguió 47 adjudicaciones en Canarias por las que cobró 927.499 euros. Además, en su periplo sin Jarava, Tejera comenzó a tejer otras redes que le acaban conectando con el 'caso Mediador'.
Una solución salomónica
Es por este modus operandi que la juez que instruye el caso en Madrid se plantea una solución salomónica: de 2018 para adelante, que se investigue en Tenerife. La implicación del coronel José María Tienda tiene mucho que ver. En diciembre, Atlántico Hoy adelantó que había malestar en la comandancia porque todos los gastos menores de esta tenían que ser enviados a Madrid.
En aquel momento, corrió el rumor en la comandancia de que este ralentizamiento de los contratos tenía su causa en una supuesta enemistad entre la jefa de la Unidad de Gestión Económica, una interventora del Ejército llamada Leticia Galván Dorado, y el coronel. Recientemente, Atlántico Hoy ha podido saber a través de fuentes de la Guardia Civil que era el propio José María Tienda el que alimentó ese bulo entre los agentes contra la interventora para que no se supiese que había sido la Jefatura de Asuntos Económicos con sede en Madrid la que le había dado la orden directa de enviarle todas las licitaciones menores.
La Jefatura de Asuntos Económicos sospechaba de Tienda
La interventora Galván Dorado explicó hace unas semanas a este medio que sus superiores en Madrid habían tomado la decisión tras observar un movimiento muy sospechoso por parte de Tienda.
El 21 de abril del año 2021, la interventora y el entonces general jefe de la Guardia Civil en Canarias, Juan Miguel Arribas, decidieron dictar unas "instrucciones muy rígidas y de obligado cumplimiento de tramitación de contratos menores con el objeto de controlar económicamente ambas comandancias" de la manera más efectiva posible.
Cinco obras con indicios de irregularidad
Las instrucciones imposibilitaron que Tienda continuase contratando a Tejera con la facilidad que lo había hecho anteriormente, pero cuando el general Arribas pasó a la Reserva y dejó el cargo de jefe de Canarias en 2022, el mando recayó sobre José María Tienda. Inmediatamente, el coronel derogó las estrictas instrucciones y propuso nuevas contrataciones menores sin que pasaran por el potente filtro que habían ideado Galván Dorado y Arribas.
Fue entonces cuando la Jefatura de Asuntos Económicos solicitó todas las contrataciones de la comandancia en materia de obras menores y acabó dando con cinco expedientes que presentaban "posibles indicios de irregularidades". En ese momento, los contratos se pusieron en manos de un organo externo a la Guardia Civil para que los auditase.
Según confirmó la interventora Galván Espino a Atlántico Hoy hace unas semanas, entre esos contratos posiblemente irregulares había varios en los que se proponía a Ángel Ramón Tejera para realizarlos.
El caso está parado
Ahora el caso está en una situación de impass debido a que la perito que debía visitar las obras de todos los acuartelamientos afectados en España -203 en total- renunció a su puesto en junio de 2022 “ante la imposibilidad material y técnica de poder llevar a cabo el peritaje", dado que el volumen de trabajo era 45 veces superior a lo que se le había comunicado en un principio.
La magistrada Durántez y la Abogacía del Estado se opusieron a la renuncia. La segunda además señaló que sería necesario un equipo de peritos para poder continuar investigando. En enero de 2023, el Juzgado de Instrucción Número 3 requirió a la Dirección General de Patrimonio del Estado para que designase peritos para llevar a cabo las peritaciones.