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Política

'Caso Mediador': "Los políticos locales reciben su bocadillo de calamares o lo que sea"

La trama empezó a desmoronarse después de que los empresarios que pagaron las 'mordidas' no obtuvieran recompensas

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Juan Bernardo Fuentes, investigado por cinco delitos en el 'caso Mediador', es abrazado tras ser puesto en libertad. / Ramón de la Rocha (Efe)

"Se coge una empresa de prestigio y solvencia para poder ganar el concurso, luego se hace una UTE en el que va con porcentaje pequeño una empresa local (...)  A través de esa empresa pequeña los políticos locales reciben su bocata de calamares o lo que tengan que recibir". Así explica uno de los empresarios que pasó por caja en el caso Mediador cómo despejar su camino en Canarias para hacer negocio a los márgenes de la ley.

El entrecomillado del párrafo anterior forma parte de un extracto de una conversación entre Raúl Gómez Rojo —empresario que llegó a abonar 22.000 euros para recibir adjudicaciones de obras en puertos, puentes y carreteras de las Islas y Marco Antonio Navarro Tacoronte, que ejercía como mediador de la trama y da nombre a la investigación judicial y policial.

Malestar general

Fue Gómez Rojo uno de los primeros empresarios estafados en levantar la voz y dejar de pagar. Lo hizo en mayo de 2021, justo cuando la investigación policial anotó que la trama empezaba a desmoronarse. Dos meses antes, José Santiago Suárez Estévez —propietario de una compañía de drones— solicitó que se le devolviera parte de dinero que aportó para lograr contratos públicos en Canarias.

El malestar de los empresarios alcanza su punto cumbre en julio de 2021, cuando Alberto Montesdeoca —dueño de una quesera en las Islas—, le envía un guasap a Navarro Tacoronte en el que señalaba: "Me has engañado, tengo que devolver todo [en referencia a subvenciones recibidas]". 

Cinco delitos

La trama fue urdida por Juan Bernardo Fuentes —exdiputado del PSOE por Las Palmas en el Congreso—, Taishet Fuentes —sobrino de Juan Bernardo, ex director general de Ganadería del Gobierno de Canarias y excandidato del PSOE a la alcaldía de Antigua—, Francisco Javier Espinosa —general de la Guardia Civil retirado— y Marco Antonio Navarro mediador que da nombre al caso—. 

Todos son investigados por el Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife por cinco delitos: cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsificación documental y organización de banda criminal. El único en prisión, de momento, es el general Espinosa.