El hasta ahora director del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), Antonio Ortega, ha presentado su dimisión. La decisión se produce tras el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, que lo procesa como presunto autor de un delito contra la libertad sexual.
La investigación judicial comenzó en el año 2022, a raíz de la denuncia presentada por una joven. Los hechos investigados se remontan al año 2017 y habrían tenido lugar en el domicilio particular del ahora exdirector, quien en aquel momento ostentaba el cargo de alcalde del municipio de Vega de San Mateo con mayoría absoluta bajo las siglas de la formación local Asamblea de Vecinos de San Mateo (Avesan), partido que posteriormente concurrió a los comicios de 2023 en alianza con Coalición Canaria.
Relato de la denunciante
Según la declaración prestada ante la Policía Nacional, la joven acudió a la vivienda del entonces regidor municipal durante un descanso de su jornada laboral, aconsejada por una conocida para tratar un dolor en la muñeca, dada la condición de "estelero" o curandero de Ortega. En el interior del despacho, los masajes habrían derivado en tocamientos en los pechos y otras zonas íntimas sin el consentimiento de la presunta víctima. El testimonio recoge que la mujer intentó zafarse y exigió que se detuviera, pero el investigado la retuvo agarrándola con fuerza por los hombros.
Tal y como ha podido saber este medio, la situación judicial ha precipitado finalmente la salida de Ortega del Gobierno de Canarias. Tras perder la alcaldía en las elecciones municipales de 2023, el político fue designado por el consejero Pablo Rodríguez para dirigir el ICAVI, organismo dependiente de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda, Transportes y Aguas.
Fianza y posibles recursos
El auto de procesamiento emitido por el magistrado no es todavía firme y las partes pueden presentar un recurso de reforma ante el mismo juzgado. En caso de confirmarse la resolución, el procedimiento avanzará hacia una fase intermedia donde se decidirá la apertura de juicio oral o el archivo definitivo de la causa.
Paralelamente, el juez ha instruido una pieza separada para garantizar posibles responsabilidades económicas, imponiendo al ex alto cargo una fianza de 125.000 euros, bajo apercibimiento de embargo de bienes si no se abona dicha cantidad.